Procuraduría confirma suspensión del alcalde de Tocancipá, Walfrando Forero, por extralimitación de funciones; es la segunda sanción en su contra

El Ministerio Público confirmó este jueves, primero de febrero, la suspensión por extralimitación de funciones en contra de Walfrando Adolfo Forero, elegido por segunda vez como alcalde de Tocancipá, Cundinamarca.

Esta decisión se basó en la adición al presupuesto de ingresos y gastos realizada por el mandatario en la vigencia 2017 -en su anterior administración- por un monto de $66.656.347.702, según el órgano de control, sin el aval del Concejo municipal.

De acuerdo con la Procuraduría, Forero incorporó $31.383.948.716 como superávit de recursos propios, actuando sin la facultad correspondiente para llevar a cabo dicha acción. Estos hechos llevaron a la Procuraduría Provincial de Zipaquirá a sancionarlo en enero de 2021, medida que también afectó a Miguel Alejandro Rico Suárez, entonces secretario de Hacienda.

La Sala de Juzgamiento Disciplinario de Servidores Públicos consideró que el alcalde cometió faltas disciplinarias graves e imputadas a título de culpa gravísima. Esta entidad confirmó el fallo de primera instancia emitido por la Procuraduría Provincial de Zipaquirá y le impuso una sanción de 10 meses de suspensión en el ejercicio del cargo.

Cabe destacar que Walfrando Adolfo Forero Bejarano fue reelegido para el periodo actual (2024-2027). Sin embargo, la Procuraduría ya le había impuesto una inhabilidad por 10 años debido a un presunto incremento patrimonial injustificado, situación que aún espera una decisión por parte del Consejo de Estado.

Proceso por presunto incremento patrimonial

La Procuraduría General sancionó en enero de 2022 con destitución e inhabilidad por 10 años al alcalde Walfrando Forero, por un incremento injustificado de su patrimonio y el de su grupo familiar de más de $ 950.000.000.

El material probatorio y toda la información la recogió la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) de la Procuraduría, que al confrontar las fuentes de los ingresos del exmandatario con los usos generados, se encontró una diferencia sin justificación alguna, la primera correspondiente al año 2016 por la suma de $61.425.000, y la segunda con corte a octubre de 2018 por un valor de $172.278.000.

Asimismo, el estudio elaborado por servidores de la DNIE encontró que los familiares del investigado también incrementaron de manera injustificada su patrimonio. Es el caso de la esposa, quien para el año 2016, 2017 y a octubre de 2018 incrementó su patrimonio en $51.836.000, $36.149.000 y 34.989.000 respectivamente, sin encontrar una fuente de ingresos que permitiera materializar sus usos o aplicaciones.

Según advirtió la Procuraduría, en el auto de la investigación por este caso, la hija del también exalcalde de Tocancipá incrementó su patrimonio durante el año 2016 y a octubre de 2018 en $48.580.000, $175.181.000 y $184.942.000, y el hijo aparece con una diferencia por justificar por un valor de $86.018.000 en 2018.

Adicionalmente, la Procuraduría encontró que Forero también “Omitió el deber de presentar de manera completa la declaración de bienes y rentas, al momento de tomar posesión en el cargo, puesto que “no señaló la existencia de la Sociedad Megápolis 36Z S.A., la cual fue constituida en la República de Panamá”.

Por estos dos hechos, señaló la Procuraduría, se calificó “la primera falta disciplinaria como gravísima a título de dolo, por el incremento patrimonial. En cuanto al segundo cargo, relacionado con la participación accionaria de la Megápolis 36Z S.A. y omisión de señalar en la declaración juramentada de bienes y rentas su participación, fue calificada como grave a título de dolo”.

En la misma decisión se ordenó la terminación y, en consecuencia, el archivo por las irregularidades relacionadas con la presentación del informe ante el Concejo Municipal de Tocancipá sobre a la asistencia de la Misión Académica en Europa los días 12 al 18 de noviembre de 2016.

Por eso, el Ministerio Público determinó inhabilidad por 10 años que espera ser resuelta por el Consejo de Estado.