Nación
Procuraduría da visto bueno a solicitud de libertad para Arturo Char bajo la figura de habeas corpus
El exsenador es investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante.
La Procuraduría emitió concepto favorable luego de que la defensa de Arturo Char solicitara la libertad del exsenador bajo la figura de habeas corpus.
Según el procurador Mauricio Javier Rodríguez Avendaño, delegado por el Ministerio Público para este caso,“debe declararse procedente el Habeas Corpus a favor del accionante”.
El pedido hecho por el abogado de Char, Iván Cancino, señalaba que a su defendido no se le ha respetado el debido proceso, puesto que lleva detenido más de 120 días sin que su caso, en el que es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante, tenga ningún avance.
Según indicó el procurador Rodríguez Avendaño, el pasado 4 de septiembre definió la situación jurídica de Char cuando fue cobijado con medida de detención preventiva en centro carcelario, la cual se hizo efectiva 3 días después, el 7 de septiembre.
Desde entonces, y a la fecha, el caso de Char no ha tenido ninguna decisión, por lo que en su concepto, el Ministerio Público encontró procedente el beneficio de Habeas Corpus implorado por la defensa del exsenador.
“Para este Agente, está claro, con la sola aplicación matemática, el forzoso paso del tiempo, sin que el mérito de la instrucción pudiese ser calificado, por razones no imputables a la defensa y sobre ello se advierte, que los recursos interpuestos por la defensa, pudieran quererse presentar como una dilación por parte de la misma, pero ello no es cierto, pues de los mismos ha de predicarse que son precisamente los derechos que tiene toda persona investigada a ejercerlos”, señaló el procurador Rodríguez Avendaño en su comunicación enviada al juez Carlos Humberto Coy Domínguez, de Santa Marta.
Plazo de 36 horas para definir situación de Arturo Char
Tras la solicitud, el juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Santa Marta concedió un plazo de 36 horas para definir la situación.
Ante la decisión, Miguel Ángel del Río, uno de los juristas reconocidos en el país, se pronunció a través de su cuenta de X, asegurando que el juez deberá decretar la improcedencia de la solicitud, debido a que “no existe una prolongación ilícita de la privación de la libertad y el competente para decidirlo es la Corte. Podría el Juez estar prevaricando”, aseguró.
Además de ello, compartió un texto en el que aseguró que, según la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la acción constitucional de habeas corpus es improcedente “para sustraer la discusión del trámite ordinario, cuando existe un mecanismo adjetivo dispuesto para resolver ese tipo de controversias”.
El juez del caso mencionado solicitó formalmente a la Corte Suprema y al Inpec, en el término de 36 horas, un informe sobre la situación del recluso, para así poder tomar una decisión frente al caso.
¿En qué va el proceso contra Arturo Char?
En un documento de 219 páginas, conocido en exclusiva por SEMANA, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reseñó el arsenal de pruebas documentales y testimoniales que recolectaron durante cuatro años en contra del expresidente del Senado Arturo Char, miembro de una de las familias políticas y económicas más importantes del país.
En el auto, que resolvió la compleja situación jurídica de Char, el alto tribunal consideró que existen pruebas documentales y testimoniales para inferir que el exsenador participó en un plan de compra de votos para las elecciones de marzo de 2018. Con esta estrategia también se buscaba favorecer a Aida Merlano.
Según el documento, en diciembre de 2017, Arturo Char fue a la ‘Casa Blanca’, sede de campaña de Aida Merlano, en Barranquilla, para “concretar el acuerdo delictivo que se canalizaría en procura de ejecutar las conductas punibles de corrupción electoral”. Una decena de testimonios y una grabación tomada por una de las cámaras de seguridad permitieron vincular al exsenador en “la estructura delictiva dedicada a la compra de votos”.