Procuraduría fijó fecha y hora para la conciliación en la demanda presentada por Fabiola Perea, extrabajadora de Laura Sarabia. ¿Qué puede ocurrir?

SEMANA conoció en exclusiva el documento de la Procuraduría General que citó para el próximo 31 de marzo la audiencia de conciliación a Fabiola Perea - quien laboraba como empleada doméstica en enero de 2023 en la casa de la entonces jefa de Gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia- y a los delegados del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Fiscalía General y la Policía.

Esto, después que Perea presentara una demanda por las afectaciones que sufrió luego que su abonado telefónico fuera añadido a una investigación contra alias Siopas, uno de los más temidos jefes de la banda criminal del Clan del Golfo. La acción, que fue totalmente premeditada, buscaba registrar las comunicaciones de la empleada doméstica para determinar si tenía conocimiento de la pérdida de un maletín que estaba en el apartamento de Laura Sarabia, en el norte de Bogotá.

El teléfono de Fabiola Perea fue presentado como el de alias La Madrina, una de las personas de confianza de Siopas. Con esta acción, los agentes de la Policía lograron que un fiscal del Chocó incurriera en un error al ordenar el registro de las conversaciones de la mujer.

Sin embargo, al determinar que la línea telefónica no tenía nada que ver con la investigación contra el jefe de la banda criminal se ordenó suspender inmediatamente la interceptación.

En el tiempo en el que estuvo intervenida se registraron las conversaciones de Fabiola Perea con su núcleo familiar y amigos. Debido a estas afectaciones a su buen nombre, honra e intimidad, la defensa de Fabiola Perea pide que se pague una indemnización.

Además, que se realice un acto de excusas públicas por parte de todas las personas que estuvieron detrás de esta orden de interceptación ilegal. En esta lista se encuentra la actual Canciller, Laura Sarabia, como exempleadora de Fabiola Perea.

“(...) a título de reparación pecuniaria o medida restaurativa, se obligue a las entidades convocadas, a que realicen un acto público de disculpas y desagravio a las víctimas de las interceptaciones ilegales por estos hechos, donde además se convoque a las personas implicadas directamente en este asunto, sean o no funcionarios públicos para ese momento”, señala la demanda que fue admitida.

Por estos hechos, en septiembre pasado, fueron condenados el intendente de la Policía Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales, quienes por medio de un preacuerdo reconocieron su activa participación en estas “chuzadas”.

En dicha audiencia, los dos policías ofrecieron excusas públicas, señalando que pese a que estaban siguiendo órdenes su actuar no estaba justificado.

“Por falta de experiencia, por creer confiar y recibir órdenes de mis superiores, todo me llevó a creer poder hacer un trabajo de manera honesta y correcta para la comunidad. Sin embargo, quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas: a la señora Marelbys Meza, Lucía Robles, Fabiola Perea, al señor Johnson Pineda; a los fiscales, la doctora Marvel Morales y el doctor Óscar Zapata y a sus familias”, señaló la patrullera Canizales.

“Por fallar a la comunidad en general y a mi familia, situación de la que estoy totalmente arrepentida y que ahora en adelante tengo muy claro que no se volverá a repetir. Al perder mi libertad le causé mucho daño a mi familia y pasé por situaciones muy difíciles; por eso ruego a ustedes, de todo corazón, me disculpen por mi error cometido, por el daño, las dificultades causadas a ustedes como víctimas y a sus familias, el cual nunca quise ocasionar. Espero, igual forma, entiendan los motivos que me llevaron a esta situación”.

Hasta la fecha nada se sabe del paradero de la maleta, qué era lo que contenía -pues se ha cambiado varias veces la historia- y mucho menos porqué estaba en el apartamento de la funcionaria, una de las más cercanas al presidente Petro.