Procuraduría formula cargos contra siete militares por su presunta responsabilidad en el asesinato de líder indígena

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra siete militares del batallón de infantería No. 13, General Custodio García Rovira, por su supuesta responsabilidad en el asesinato de Joel Aguablanca Villamizar, líder etnoeducativo de la comunidad indígena U’wa, durante una operación para capturar al cabecilla del ELN, Darío Quiñónez Villamizar, alias Marcial.

El hecho tuvo lugar el 2 de junio de 2020 en la vereda Río Colorado, en Chítaga, Norte de Santander, en la finca donde Aguablanca Villamizar vivía con su familia. En la tarde del 1 de junio, un grupo de cinco guerrilleros del ELN, liderados por alias Marcial, llegó a la finca y obligó a los residentes a dejarlos pasar la noche.

Horas después, de acuerdo con el Ministerio Público, un comando del mencionado batallón del Ejército llegó a la zona para capturar al líder guerrillero. Realizaron vigilancia durante toda la noche y en la madrugada decidieron actuar rodeando la vivienda para realizar las capturas. Sin embargo, uno de los guerrilleros advirtió su presencia y alertó a los demás, lo que provocó un tiroteo en el que alias Marcial fue abatido y el líder indígena resultó herido. A pesar de recibir atención médica por parte del enfermero de la unidad militar, Aguablanca Villamizar falleció una hora después mientras esperaban un helicóptero para evacuarlo.

En los cargos presentados, el Ministerio Público sostuvo que los militares “habrían incurrido en una serie de irregularidades que llevaron a la muerte de Joel Aguablanca Villamizar, hecho que podría haberse evitado si se hubiera cumplido el objetivo de la orden de operaciones No. 013, que consistía en la captura de alias Marcial y los integrantes de su comisión”.

La Procuraduría General también determinó que el indígena no formaba parte del grupo armado que se encontraba en la casa. “Aguablanca Villamizar no llevaba armas, no vestía uniforme que lo identificara como miembro de algún grupo ilegal y, por lo tanto, no respondió a los ataques perpetrados por el personal uniformado; además, se encontraba en la vivienda de los padres de su compañera sentimental. Esto significa que no tenía la condición de combatiente”, explicó el documento del ente de control.

La falta disciplinaria imputada a los militares fue “haber trasgredido en forma sustancial su deber funcional por su presunta participación en el homicidio injustificado de Joel Aguablanca Villamizar, quien no tenía la calidad de combatiente. Dicha conducta fue calificada provisionalmente como culpa grave a título de dolo”.

ELN culpa al Gobierno por la masacre de militares

Por otra parte, luego del atroz ataque contra miembros del Ejército en Norte de Santander, donde masacraron, prácticamente en estado de indefensión, a nueve soldados, el ELN ha tratado de buscar cualquier tipo de excusa para justificar un ataque de este tipo, pero cada explicación termina siendo más cínica y descarada que la anterior.

Los hechos, según se pudo establecer, ocurrieron pasadas las 3:00 a. m. del 29 de abril, mientras los hombres adscritos a la Segunda División del Ejército descansaban en la zona de alta conflictividad, pues en la zona región operan no solo el ELN, sino también las disidencias de las Farc de Iván Márquez, conocidas como la Segunda Marquetalia y las de Iván Mordisco, llamadas Estado Mayor.

Este ataque ha sido rechazado por todos los sectores, pero el grupo guerrillero, sin entrar en razón, sigue lanzando justificaciones al aire. Una de las más absurdas, sin duda, fue la entregada este lunes, en el editorial de la Revista Insurrección, medio de comunicación del Comando Central del ELN.

En el texto, los elenos aseguran que estos hechos “nuevamente exponen a la luz el perverso enfoque que tiene la doctrina de seguridad y como está al servicio de los intereses transnacionales y no de todos los colombianos”.

El grupo guerrillero justifica, además, este ataque en que los soldados asesinados “tenían como función velar por la seguridad de una empresa privada, es decir, el Estado al servicio del interés particular de los emporios del sector de los hidrocarburos”.

Y posteriormente, responsabilizan de lo sucedido a la administración de Gustavo Petro por enviar a jóvenes que prestan su servicio militar a zonas de guerra. “Por otro lado, 7 de los fallecidos estaban prestando su servicio militar, por tanto, eran reclutas inexpertos llevados a una clara línea de confrontación, contrario a lo que dijo Petro tiempo atrás”