Procuraduría insta a mandatarios territoriales a garantizar recursos para el PAE sin interrupciones

La Contraloría General de la República advirtió que más de 350.000 estudiantes no están recibiendo los beneficios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), debido a la falta de planificación por parte de algunas Entidades Territoriales Certificadas. Esta situación ha ocurrido después de tres semanas del inicio del año escolar.

El ente de control explicó que, durante las visitas realizadas junto a las comunidades académicas y en colaboración con la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender (UApA), se descubrió que la culminación de los procesos de contratación del PAE en algunas Entidades Territoriales Certificadas representa un riesgo para la continuidad del servicio que beneficia a los niños.

Durante el proceso de seguimiento, se pudo constatar que más de 215.605 estudiantes pertenecientes a cinco Entidades Territoriales Certificadas (ETC) - Caquetá, Cauca, Córdoba, Neiva y Pitalito - aún no están recibiendo el servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), desde el inicio del año escolar, después de tres semanas de haber regresado al calendario académico. Esta situación se debe a la falta de planificación y a la demora en la culminación de los procesos relacionados con el PAE.

En el caso específico de Caquetá, desde el regreso a clases después del receso escolar el 10 de julio, el servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), no ha estado en funcionamiento debido a la falta de recursos reportada por la entidad. Como resultado, más de 37.056 niños, niñas y adolescentes se han visto afectados por la interrupción del programa durante el segundo semestre del presente año.

Asimismo, se detectó que la Entidad Territorial Certificada (ETC) Cauca concluyó la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la mayoría de los municipios del Macizo (Almaguer, La Sierra, La Vega, Piamonte, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa, Sotará y Timbio) el 23 de mayo, lo que ha dejado a más de 11.396 beneficiarios sin acceso al servicio.

De igual manera, la Entidad Territorial Certificada (ETC) Córdoba suspendió la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde el 30 de mayo, después de haber finalizado los procesos contractuales relacionados con el programa. Esta suspensión ha afectado a más de 156.690 niños, niñas y adolescentes que se beneficiaban del servicio.

Secretario de Educación es investigado por irregularidades en el PAE Urbano en la Guainía

La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó un pliego de cargos contra el actual secretario de Educación del departamento de Guainía, Bilialdo Tello Toscano. Se le acusa de presuntamente causar un detrimento patrimonial al no supervisar adecuadamente un contrato destinado al suministro de la ración industrializada del Programa de Alimentación Escolar (PAE) Urbano en el departamento.

Según la información proporcionada por el organismo de control, el funcionario en cuestión, Bilialdo Tello Toscano, no cumplió con su deber de supervisar el contrato 682 de 2021, el cual se estableció para proveer un complemento alimentario en la modalidad transitoria. Este contrato tenía como objetivo suministrar una ración de alimentos destinada a “preparar en casa” y estaba destinada a las instituciones educativas ubicadas en la zona urbana de Inírida, Guainía.

Las omisiones de Tello Toscano ocurrieron entre el 26 de agosto y el 02 de noviembre de 2021. Durante este período, el secretario de Educación no aseguró que se cumplieran los estándares de calidad de los alimentos entregados, a pesar de que la modalidad transitoria fue modificada a “ración industrializada” en esa fecha.

“Durante la investigación disciplinaria se encontraron deficiencias en la disposición de los productos, variaciones totales de los menús y de las porciones entregadas a los estudiantes”, especificó el organismo de control y vigilancia en un boletín informativo.

Ante las deficiencias en el servicio de alimentación, Tello Toscano presuntamente no llevó a cabo el proceso para declarar un incumplimiento contractual. Por esta razón, la Procuraduría ha calificado su conducta como una falta gravísima con culpa gravísima.

En junio de 2023, la entidad inició una investigación contra el secretario de Educación, y también incluyó a Laura Daniela Martínez, representante legal del Consorcio Shalom Rural, por irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las zonas rurales del departamento.

Las comunidades indígenas, específicamente en Laguna Niñal, Yuri y Caranacoa, habrían sido perjudicadas por estas irregularidades, ya que en lugar de recibir la ración de alimentos que les correspondía, aparentemente estaban recibiendo dinero en efectivo.