Procuraduría pide facilitar acreditación de víctimas en la JEP, “a partir de criterios de buena fe y credibilidad en sus relatos”

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a facilitar el proceso de acreditación de las víctimas que deseen ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Durante la audiencia de observaciones de las víctimas a las versiones rendidas por el general Mario Montoya y otros militares que integraron la Cuarta Brigada del Ejército, sobre falsos positivos, el Ministerio Público reiteró la importancia de basar la acreditación en “criterios de buena fe y en la credibilidad de los relatos”, evitando “que no haya obstáculos que tengan que ver con documentación o con pruebas, más allá, que puedan afectarlas definitivamente”.

El delegado de la Procuraduría, Jairo Acosta Aristizábal, solicitó a la magistratura que se tengan en cuenta las “líneas jurisprudenciales que se han fijado por la sala de apelaciones, en cuanto a cargas mínimas y que se materialice el principio províctima”. Según Acosta, las víctimas no deberían depender del reconocimiento explícito de su agresor o de la facción que los agredió.

El delegado Acosta Aristizábal reconoció el valor de los relatos de las víctimas y enfatizó la importancia de que los agresores comprendan el daño causado y las necesidades pendientes. Se mencionaron casos de desplazamientos, secuestros, torturas, daños a bienes, entre otros actos violentos que afectaron a las comunidades.

“Más allá de las ejecuciones hemos hablado de desplazamientos, de secuestros, de torturas, de encubrimientos, de daños a bienes, de apoderamientos de bienes, de pánico, de terror. Esto es otro termómetro importante para poder medir la magnitud de lo sucedido y para comprometer, por supuesto, a todos los que estamos aquí, encabezados por la jurisdicción, en ir más allá”, señaló el delegado de la Procuraduría.

En su intervención, la Procuraduría también solicitó a la magistratura considerar la pertinencia de convocar a versiones colectivas para cerrar brechas de verdad y facilitar escenarios de contradicción. Además, pidió ampliar la priorización de casos y realizar llamados urgentes para determinar hechos y conductas concluyentes. También se hizo hincapié en la necesidad de que la Fiscalía continúe investigando los hechos relacionados con este caso.

El delegado de la Procuraduría expresó la urgencia de avanzar en el caso para evitar que los responsables mueran sin revelar la verdad. Por último, se reconoció la disposición de la sala y se hizo un llamado a fortalecer la jurisdicción, especialmente en términos de capacidad y recursos, para abordar la alta demanda y tramitar adecuadamente las necesidades del caso.

También solicitó que se le pregunte a la Fiscalía, “qué se ha hecho en torno a las averiguaciones de tantos y tantos hechos que esta región ha soportado, y que por supuesto debió seguir investigando y documentando todo el tiempo”.

Con respecto a los tiempos que se tome la JEP frente a este macrocaso, señaló el delegado que “de pronto, puede sonar algo fuerte, hay una cierta urgencia en este caso porque tenemos un riesgo, y es que de viejos se mueran los responsables sin dar verdad.”

Finalmente, la Procuraduría reconoció “la enorme disposición de la sala con respecto a este macrocaso”, y entendiendo la necesidad de fortalecer el ejercicio de la magistratura, el procurador delegado hizo un llamado a la presidencia de la jurisdicción, al Ministerio de Justicia y al Gobierno Nacional para que robustezca la jurisdicción, y en especial la sala, a efectos de que pueda físicamente tramitar de manera oportuna todas estas necesidades, frente a la alta demanda.

Procuraduría pide investigar homicidios del Frente 5 de las Farc

Por otra parte, la Procuraduría General pidió a la JEP que investigue los homicidios de civiles, acusados de colaborar con grupos paramilitares o el Ejército, por parte del Frente 5 de las extintas Farc en el Urabá antioqueño y chocoano. Además, solicitó que se tipifique como patrón criminal la “estigmatización a civiles” dentro del macrocaso 04, que investiga, entre otros, asesinatos y desapariciones en la región del Urabá.

El procurador primero delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita, en su análisis de las versiones entregadas por exintegrantes de los frentes, asegura que esta modalidad de asesinatos constituye un patrón macrocriminal, ya que fueron “crímenes cometidos en ejercicio del control social y territorial”.

Según el documento de observaciones a las versiones entregadas, algunos de estos asesinatos fueron realizados porque los miembros de la población civil eran considerados blancos militares por “apoyar al enemigo”, lo cual era contrario a la ideología del grupo armado.

“Se debe contemplar la modalidad de homicidio como consecuencia de la estigmatización sobre civiles y el control social, en tanto los relatos de los comparecientes permiten deducir que algunos de estos responden a la escogencia de miembros de la población civil como blancos militares por considerar que su comportamiento de apoyar al enemigo era contrario a la ideología y propósito del grupo armado al margen de la ley”, indicó el documento.

En uno de los relatos examinados en el informe, un excombatiente cuenta cómo un miliciano acusó a tres jóvenes indígenas de ser colaboradores del Ejército, lo cual llevó al líder guerrillero a ordenar una emboscada para matarlos.

“En este caso en particular, las víctimas eran estigmatizadas como simpatizantes y colaboradores del enemigo, bien estuvieran ‘comprobados’ o fueran simples ‘sospechosos’, todo con el fin de evacuar el territorio de personas contrarias a su ideología y propósitos”, aseguró el delegado en su análisis.