Nación
Procuraduría pide retirar proyecto de ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá para cumplir sentencia judicial
La petición se hace en cumplimiento de una medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pasado 14 de marzo.
La Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el retiro inmediato del proyecto de resolución sobre el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, actualmente en proceso de consulta pública.
La petición se hace en cumplimiento de una medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pasado 14 de marzo, en el marco del seguimiento judicial a la sentencia que obliga al Estado a recuperar y descontaminar el río Bogotá.
El proyecto, que busca establecer una regulación normativa para el desarrollo y protección de esta zona estratégica del país, deberá ser suspendido y retirado del portal de consultas públicas ciudadanas, según lo planteado por el ente de control, para garantizar el cumplimiento estricto de los procedimientos legales establecidos.
De acuerdo con el pronunciamiento de la Procuraduría, el Ministerio de Ambiente deberá reiniciar y agotar las etapas del proceso normativo, conforme lo estipula el Decreto 1081 de 2015, que regula el trámite de elaboración y adopción de actos administrativos de carácter general.
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La solicitud busca corregir las fallas identificadas por el Tribunal, que evidenció la omisión de etapas clave de participación y contradicción en el desarrollo del proyecto.
El fallo judicial establece que se deben reabrir las fases de consulta y contradicción con el fin de garantizar la participación efectiva de todos los actores involucrados, incluidos ciudadanos, comunidades, organizaciones ambientales, entidades territoriales y demás interesados en el ordenamiento de la Sabana de Bogotá.
El Tribunal enfatizó que los documentos técnicos, pruebas y estudios utilizados en la elaboración del proyecto deben ser nuevamente puestos a disposición de las partes, especialmente de aquellas que no tuvieron oportunidad de ser oídas, tal como lo ordena el Código General del Proceso.
La Procuraduría recalcó que esta medida busca evitar confusión o incertidumbre jurídica entre los ciudadanos que actualmente participan en el proceso de consulta pública, el cual tiene como fecha de cierre el próximo 28 de abril de 2025.
Continuar con un trámite viciado por la omisión de etapas fundamentales podría dar lugar a impugnaciones legales, además de poner en riesgo la legitimidad y la aplicabilidad de la normativa ambiental que se pretende expedir.
“El requerimiento se realiza con el fin de asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales y brindar garantías de seguridad jurídica a los ciudadanos”, subrayó el órgano de control.
Así mismo, hizo un llamado a las autoridades ambientales para que reencaucen el proceso normativo en línea con los principios de legalidad, transparencia y participación ciudadana.
