Procuraduría propone que la JEP ordene medidas cautelares para proteger 56 sitios sagrados del pueblo arhuaco afectados por el conflicto

La Procuraduría General de la Nación propuso a las autoridades del pueblo arhuaco, incluyendo a los mamos y zagas, explorar la posibilidad de solicitar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que ordene medidas cautelares para proteger al menos 56 de sus sitios sagrados en la Sierra Nevada de Santa Marta, los cuales han sufrido daños considerables debido al conflicto armado.

Esta propuesta se planteó en el contexto de una reunión solicitada por la comunidad Arhuaco para expresar sus preocupaciones ante el trato negligente que aseguran haber recibido por parte de las entidades estatales encargadas de la atención a las víctimas, las cuales “no han tenido en cuenta su cosmovisión, costumbres y necesidades” particulares al llevar a cabo proyectos de reparación.

El procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, enfatizó en la importancia de llevar a cabo mesas de trabajo para identificar claramente los sitios afectados, evaluar los daños y definir las medidas de protección a solicitar en cada caso.

Por su parte, la procuradora delegada para Seguimiento al acuerdo de paz, Ceneida López, anunció que reforzará el seguimiento preventivo a los proyectos autorizados por el Ocad Paz para la comunidad arhuaco, con el objetivo de garantizar que se realicen teniendo en cuenta los procesos de consulta previa, para que realmente respondan a las necesidades de esta comunidad.

“Debemos avanzar en la reparación de estos pueblos, pero no solo material sino espiritual y cultural(…), para ello debemos reconocer los daños que ellos sufrieron y atenderlos con enfoque diferencial”, aseguró la delegada de paz.

Finalmente, el delegado Acosta anunció que en los próximos meses se llevará a cabo el gran encuentro de los cuatro pueblos que habitan la Sierra (arhuacos, wiwas, kankuamos y koguis) con la Procuraduría, para ahondar en sus problemáticas, impulsar su vinculación efectiva a la JEP y, en articulación con otras delegadas de la Procuraduría, como la Ambiental, Tierras y Asuntos Étnicos, poder gestionar respuestas adecuadas del estado a sus diversos requerimientos.

Cabe recordar que los Ocad Paz, como lo recuerda el Ministerio de Hacienda, son el órgano del Sistema General de Regalías (SGR) responsable de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, que contribuyan a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (acuerdo de paz con las Farc).

Escándalo por manejo de recursos para la paz

El pasado mes de marzo, la Procuraduría General abrió investigación al exsecretario técnico del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad Paz), Álvaro Ávila Silva, por presuntas irregularidades contractuales en el proyecto de construcción de pavimento en la vía que comunica el corregimiento de San Lorenzo a Santa Rosa en Nóvita, Chocó, por un valor de 10.594 millones de pesos.

Al parecer, según advierte el Ministerio Público, el exfuncionario habría aprobado un contrato civil de obra, a pesar de que, no se tuvo en cuenta la verificación y el resultado del Índice de Gestión de Proyecto de Regalías (IGPR) sobre los requisitos de viabilidad exigidos por la ley y la capacidad en ejecución de proyectos de infraestructura vial.

Por tanto, la Procuraduría también investiga la presunta irregularidad en la postulación y designación al Fondo Mixto para la Promoción de Deportes, el Desarrollo Integral y la Gestión Social como ejecutor del negocio jurídico con una cifra para su ejecución posiblemente no apropiada y una presunta insuficiencia para llevarlo a cabo.

Asimismo, el ente de control “busca esclarecer una posible vulneración de los principios de selección objetiva, debido proceso, imparcialidad, igualdad y transparencia en la selección del contratista, puesto que iba en contravía de lo expuesta en el manual de contratación que exigía que el Fondo debía estar inscrito como aliado estratégico del contratante y pareciera, que no lo estaba”.

Desde junio de 2022, no solo la Procuraduría, sino también la Contraloría se encuentra inspeccionando cada uno de los proyectos financiados con los recursos del Ocad Paz, principalmente en el departamento de La Guajira. Esto después de que se emitiera una alerta sobre varias irregularidades en la ejecución de millonarios proyectos.