¿Qué hay detrás del jalón de orejas a la CAR Cundinamarca por la concesión de aguas a Coca-Cola?

Al director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros, le llegó un duro pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación con relación al proceso que se está debatiendo sobre la prórroga a la empresa Indega, filial de Coca-Cola en Colombia, por la concesión de aguas de La Calera.

La procuradora Olga Lucía Patín advirtió en el documento que la entidad “ha otorgado más de 300 concesiones de agua subterránea en el municipio de La Calera bajo la aplicación del principio de prevención, el cual se basa en el conocimiento técnico acumulado sobre la hidrogeología de la zona y su comportamiento hídrico. Este cambio de postura genera serias dudas sobre la coherencia y continuidad en las decisiones administrativas de la CAR”.

La procuradora Patín también presentó duras observaciones sobre el estudio de la Dirección de Recursos Naturales de la CAR, detallando que se estaría buscando un principio de “precaucación” sobre el trámite de Indega, Coca-Cola, cuando la CAR ha entregado más de 300 concesiones de uso de agua a La Calera.

Sobre dicho informe técnico, la procuradora advirtió que la CAR no lo ha acogido “mediante acto administrativo y, por ende, carece de efectos vinculantes, considero pertinente realizar las advertencias correspondientes en este estado del trámite, toda vez que, la falta de adopción del informe en un acto administrativo refuerza la necesidad de garantizar el debido proceso, la defensa y la contradicción de las partes interesadas, tal como lo establece el artículo 29 de la Constitución Política y la Ley 1437 de 201”.

El ente de control también detalló que la Corporación Autónoma Regional, como administrador del recurso hídrico, está “poniendo en duda sus propias actuaciones al invocar el principio de precaución”.

Para la Procuraduría, ese cambio de postura “genera serias dudas sobre la coherencia y continuidad en las decisiones administrativas de la CAR“, teniendo en cuenta las 300 concesiones de agua subterránea que ha otorgado en el municipio de La Calera.

“Tal como lo señala la jurisprudencia nacional y reiterado por la PGN en la circular No. 15 del 26 de septiembre de 2023, el principio de precaución debe ser excepcional y reglado, y se exige cumplir con requisitos estrictos para su aplicación, incluyendo la existencia de peligro grave e irreversible”, advirtió la procuradora Ambiental.

La Dirección de Recursos Naturales tampoco habría entregado información de prueba que sugiera la existencia de un peligro de daño grave o inminente frente a la concesión de Indega, por lo que la Procuraduría advirtió que “podría configurarse un vicio de falsa motivación”.