¿Quién es el fiscal que asumió proceso contra el expresidente Álvaro Uribe? Tendrá 90 días para definir futuro judicial del caso

Víctor Salcedo es el fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia y ahora el responsable de definir el futuro jurídico del proceso que por fraude procesal y manipulación de testigos se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. Aterrizó en este caso luego de que su colega, el doctor Andrés Palencia, renunciara por motivos “personales”.

Salcedo es un funcionario público con más de 25 años de experiencia en la Rama Judicial, en la Procuraduría y ahora en la Fiscalía. Por su despacho han transitado procesos de relevancia nacional y fue gracias a los buenos resultados de su gestión que llegó a un cargo de relevancia en el ente acusador.

Fue el encargado de imputar cargos al también fiscal Daniel Hernández, por presuntas exigencias a Otto Bulla; a la exministra María Isabel Urrutia, por la avalancha de firmas de contratos en su paso fugaz por la cartera de Deporte, y a los exgobernadores de San Andrés, Everth Hawkins, y de Chocó, Ariel Palacios, por corrupción. Su despacho tiene procesos por casos de corrupción y que enredan a poderosos en el escenario político y judicial.

Es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y especialista en derecho penal, alta gerencia y con maestría en derecho penal de la Universidad de Granada en España. Fue docente universitario, procurador judicial en Montería y Bogotá. Además, fue coordinador de Justicia Transicional en la Procuraduría General de la Nación.

El fiscal Salcedo, además, tiene amplia experiencia en Justicia Transicional, incluso es autor de varias publicaciones sobre el mismo tema, como Víctimas del conflicto armado – Ley de Justicia y Paz, que presentó en el año 2013, entre otros aportes en derecho penal y justicia transicional.

El fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia tendrá, a partir de esta asignación, hasta 90 días para definir si solicita, nuevamente, la preclusión o radica el escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Mientras la Fiscalía definía qué camino tomar en el caso del expresidente Álvaro Uribe, las otras partes en el proceso, en particular el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre, se adelantaban en lo que la defensa del mandatario calificó como una presión a las autoridades judiciales, solicitando a través de tutela un impulso a la Fiscalía para llamar a juicio al exmandatario.

La tutela llegó al Tribunal Superior de Bogotá, que no solo negó las pretensiones del senador y el exfiscal, sino que advirtió que no se puede presionar a las autoridades judiciales para tomar determinaciones, y que es claro que la acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe no es el único camino en este enredo judicial.

“En las decisiones judiciales de preclusión ya mencionadas, resultaría paradójico y contrario a la verdad y justicia acceder a ordenar la formulación de acusación sin ahondarse en los hechos indagados como allí se solicitó, pues lo buscado mediante el juzgamiento penal no es obtener una decisión rápida en cualquier sentido, sino la más real y justa en lo posible, y ello solo puede ocurrir con la investigación completa, aún en curso”, señala con claridad el Tribunal.

El Tribunal hace otra advertencia a las partes al explicar que no es procedente exigir una postura definitiva que, en el caso de la tutela, es acusar al expresidente Álvaro Uribe. En criterio de los magistrados, no es la única alternativa que tiene la Fiscalía para resolver el debate jurídico. En otras palabras, que el ente acusador bien puede apartarse de la acusación e insistir nuevamente en la solicitud de preclusión.

“Destacó la necesidad de continuar con la investigación penal del caso, descartándose que el único camino a tomar sea la inmediata formulación de acusación, como lo postula la petición de tutela, ni siquiera a partir de la ulterior reasignación de delegado fiscal, como viene de verse”, explicaron los magistrados con su decisión.

Para los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá es claro que la Fiscalía tiene la posibilidad de solicitar nuevamente la preclusión, sin que esto se convierta en un problema jurídico para el delegado del ente acusador, que recaude nuevamente los elementos de prueba e insista en la ausencia de responsabilidad que tiene el mandatario en el proceso por la presunta manipulación de testigos.