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“Quienes dieron las órdenes continúan en libertad e impunes”: Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla, lanza fuerte advertencia
El exsubdirector de la UNGRD aceptó su responsabilidad en los hechos de corrupción dentro de la entidad mediante la entrega de millonarios contratos.
Después de que se finiquitara el preacuerdo con la Fiscalía General, la defensa del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, lanzó una fuerte pulla. “Quienes dieron las órdenes continúan en libertad e impunes”, dijo el abogado Gustavo Moreno.
Y no es para menos, aunque ya se dio el primer paso, que fue consolidar el preacuerdo con la Fiscalía —que debe ser avalado por el juez—, ahora sí empieza el juicio en que el exsubdirector Pinilla tendrá que ratificar, esta vez ante los tribunales, todos los señalamientos que han hecho contra congresistas, contratistas y altos funcionarios del Gobierno que fueron duramente salpicados con su confesión y la de Olmedo López.
Y es que lo publicado por el abogado Gustavo Moreno, luego de concretar el preacuerdo con la Fiscalía, parece una advertencia, pero en realidad es lo que su cliente, Sneyder Pinilla, tendrá que ratificar con su confesión, para —a cambio— recibir los beneficios acordados.
En su cuenta en X Moreno señaló: “No perdamos de vista que Sneyder Pinilla, hoy testigo de la Fiscalía, no es la cabeza del entramado de corrupción dentro de la UNGRD; quienes dieron las órdenes continúan en libertad e impunes. Esperamos que la Fiscalía General de la Nación cumpla y se le otorgue el principio de oportunidad a quien, con actos y evidencia, inició este camino de verdad. Resaltamos que a Sneyder Pinilla se le debe garantizar la vida”.
Los presidentes y la mensajera
¿Pero a qué nombres se refiere Sneyder Pinilla? Algunos ya están respondiendo ante la justicia, por ejemplo, uno de los primeros salpicados fue el expresidente del Senado, Iván Name, quien habría recibido 3.000 millones de pesos en efectivo, para favorecer el trámite de la agenda del Gobierno en el Congreso.
En el caso de Name, las pruebas son demoledoras, se tiene claro día, fecha, hora y cada detalle de la entrega de dinero que se hizo en dos días consecutivos en el apartamento de Name al norte de la Bogotá. Pero esta entrega tuvo una aliada, la denominada mensajera, que para ese entonces era una alta funcionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Se trata de la ex alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, quien ya fue imputada por lavado de activos y tráfico de influencias. Ella se habría reunido con Sneyder Pinilla para recibir el dinero, dos entregas, cada una de 1.500 millones de pesos. Se encontraron en su apartamento en residencias Tequendama y fueron a llevar el dinero.
Otro capítulo es el del expresidente de la Cámara Andrés Calle. En su caso, la entrega habría sido de 1.000 millones de pesos. Y Sneyder Pinilla habría tenido incluso que llevarlos hasta su apartamento en Montería, en el edificio K62, en La Castellana.
Altos funcionarios
Pero la lista de funcionarios salpicados por Sneyder Pinilla es más larga y llega a la Casa de Nariño. La relación con el alto gobierno la llevaba el entonces director de la UNGRD, Olmedo López. Sin embargo, las órdenes las cumplía Pinilla.
Así llegaron los contratos para los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Estaba cerca el cierre legislativo de diciembre del año pasado y el Gobierno, específicamente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, necesitaba con urgencia la aprobación de los empréstitos internacionales para el país, pero requería la aprobación de los congresistas.
La versión de Olmedo López es que fue el mismo ministro Ricardo Bonilla quien dio la orden de entregar contratos por 92.000 millones de pesos a los congresistas Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Karen Manrique, de la Comisión de Crédito Público.
Ahí entra de nuevo Pinilla y la asistente del ministro Bonilla, María Alejandra Benavides. Sus jefes, Olmedo López y Ricardo Bonilla, les encomendaron hacer seguimiento a los contratos y ellos tuvieron que relacionarse con las alcaldías para viabilizar los recursos de las obras.