Nación
Posibles coimas de la UNGRD para tramitar la reforma pensional en el Congreso ponen en riesgo la iniciativa en la Corte Constitucional
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente del alto tribunal, le hizo la petición a la Sala Penal y a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
En medio de las capturas de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, la Corte Constitucional le pidió a la Corte Suprema de Justicia todas las pruebas alrededor del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para analizar la constitucionalidad de las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro.
La solicitud fue dirigida a la Sala Penal y a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al Juzgado Décimo Penal Especializado de Bogotá y al Centro de Servicios Judiciales para que remitan una copia de una serie de pruebas dentro de la investigación por los actos de corrupción al interior de la UNGRD.
El documento detalla como primera prueba: “Copia íntegra de las declaraciones e interrogatorios rendidos por el exdirector y subdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez. A su turno, copia de la medida de aseguramiento impuesta en contra de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz”.
De Ortiz, el alto tribunal también pidió las declaraciones que ha entregado tanto en la Fiscalía General de la Nación como en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La conocida “mensajera” reveló en SEMANA que con la plata de la UNGRD también se habría comprado la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, la misma que tiene que resolver la constitucional de la reforma pensional de Petro.
La Corte Constitucional explicó en su petición que todo forma parte del análisis sobre la demanda que presentó la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional y la investigación de la Corte contra Name y Calle, que demostraría que en el segundo semestre de 2023, al parecer, recibieron 4.000 millones de pesos a cambio de impulsar ese proyecto de ley y la reforma al sistema de salud.
“En razón a que en este contexto se enmarcan, entre otras, la reforma pensional, proyecto de iniciativa del Gobierno, que es objeto de la demanda en este proceso, el suscrito magistrado sustanciador advierte que las informaciones en comento se conocieron después de haberse decretado y practicado pruebas en este proceso”, reseñó la Corte.
Y advirtió: “Ante su gravedad y trascendencia, considera que es de la mayor importancia y pertinencia que la Sala Plena de la Corte cuente, con la debida reserva, con la información veraz y fidedigna conocida hasta ahora por las autoridades”.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar le explicó a la Corte Suprema que la información tendrá “aseguramiento” teniendo en cuenta que forma parte de una investigación reservada.
