Regaño al Gobierno por no incluir dos municipios en el decreto que le dio medidas al turismo por la guerra en el Catatumbo

SEMANA conoció el concepto que el procurador Gregorio Eljach le envió a la Corte Constitucional pidiéndole “exequibilidad”, pero con condiciones, al decreto que expidió el gobierno del presidente Gustavo Petro, para tomar medidas que ayuden a afrontar el impacto económico que ha generado en el turismo la crisis de orden público que se vive en el Catatumbo.

El Decreto 0117 del 30 de enero de 2025 forma parte de la resolución madre que expidió el Gobierno nacional para declarar la conmoción interior en esa región del país, la cual está pasando por su control de constitucionalidad en el despacho de la magistrada Paola Meneses.

Sin embargo, el decreto que dio medidas para el turismo en esa región del país se estudia en el despacho de la magistrada Natalia Ángel Cabo, a donde llegó en las últimas horas el concepto que envió el procurador general, Gregorio Eljach, dando el visto bueno sobre esa medida, pero con ciertos parámetros.

El decreto dio medidas como descuentos en el impuesto de renta para los operadores turísticos que alojen a personas desplazadas por el conflicto, reparación de infraestructura, subsidios, recuperación de áreas afectadas y otras adicionales.

El concepto del procurador general

Para la Procuraduría, el decreto que dio medidas al turismo cumplió con los requisitos de suscripción, motivación, temporalidad. Sin embargo, sobre la territorialidad, incluyó 23 municipios de Norte de Santander que no estaban en la conmoción interior y sacó a los municipios de Río de Oro y González en Cesar.

Por eso la Procuraduría advirtió en el concepto: “Encontró que la medida no resulta útil para evitar la extensión de los efectos de la grave perturbación del orden público en los municipios de Río de Oro y González, pues estos territorios fueron excluidos de su ámbito de aplicación”.

Con ese hallazgo, el documento firmado por el procurador Gregorio Eljach terminó reprochando que esos dos municipios de Cesar quedaran excluidos dentro de ese decreto, teniendo en cuenta que se ha convertido en una zona receptora de la población afectada que ha dejado la violencia y el desplazamiento forzado.

“La Procuraduría considera que se cumple parcialmente con el requisito de proporcionalidad por cuanto la razonabilidad de la medida se ve afectada al excluir de la posibilidad de descuento tributario a los prestadores de servicios turísticos ubicados en el municipio de Río de Oro y González del departamento del Cesar, sobre los cuales se extendió el estado de conmoción interior”, dice el documento conocido por esta revista.

De hecho, el Gobierno argumentó en el decreto madre que declaró la conmoción interior en el Catatumbo, que esos dos municipios del Cesar se incluían por los grandes desafíos que iban a tener para atender a los miles de desplazados que podrían terminar en esa región tratando de proteger sus vidas.

La Procuraduría calificó la medida tributaria como “desproporcionada”, teniendo en cuenta que incluyeron 23 municipios de Norte de Santander que no estaban en el decreto inicial, pero que deben ser incluidos por los fenómenos que deben enfrentar por la guerra en esa región, y dejaron por fuera a Río de Oro y González, que desde un principio estaban dentro del estado de conmoción.

Por esa razón, el ente de control avaló ese decreto en general, pero le pidió a la Corte Constitucional que se extienda también a los dos municipios del Cesar que se han visto afectados por la grave crisis de orden público que ha dejado la cruenta violencia que se ha desatado entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.