“Retroceso en lucha contra el narcotráfico”: fuerte advertencia de exviceministro de Justicia por decreto que modifica funciones de la SAE

Una fuerte polémica ha generado la expedición del decreto 0888 de 2025, por medio del cual se “reglamenta la transferencia de activos estratégicos” que son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a otras entidades públicas.

Este documento, expedido el pasado 8 de agosto por el Ministerio de Hacienda, fue presentado como un avance en la “función social de la propiedad” en la lucha directa contra el narcotráfico.

Sin embargo, para el exviceministro de Justicia, Camilo Andrés Rojas Castro, lo allí expuesto puede generar “alto riesgo fiscal, concentración de poder y debilitamiento institucional” en un área estratégica para la seguridad del país.

En un hilo publicado en su cuenta de X, el exviceministro de política criminal y justicia restaurativa, uno de los puntos más graves es la entrega anticipada de bienes en litigio, incluso antes de una sentencia firme en procesos de extinción de dominio.

“La entrega anticipada de bienes sin fallo definitivo puede terminar en millonarias indemnizaciones si los jueces deciden que la extinción fue improcedente. El riesgo lo pagará el erario, no los funcionarios que firmaron”, reseñó.

Igualmente, se presenta una “concentración de poder y limitación al control ciudadano”, pues se le otorgan facultades a la SAE para definir qué bienes son “estratégicos” y a quién entregarlos, sin recursos administrativos para controvertir esas decisiones. “Eso es carta blanca para adjudicaciones políticas”.

En su concepto, el decreto en cuestión agiliza el registro notarial en apenas cinco días y excluye la posibilidad de interponer recursos. Para Rojas, estas medidas “limitan el escrutinio público y favorecen operaciones veloces, opacas y sin debate”.

A esto se le suma lo que llama un “saneamiento exprés y legalización de irregularidades”, puesto que según lo consignado en el decreto, se “limpia cualquier vicio jurídico en la propiedad, incluso los que aparezcan después de la transferencia. Esto puede legalizar irregularidades sin un control judicial efectivo”.

El exviceministro de Justicia enfatizó que el decreto afecta directamente al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), considerado un pilar de la lucha contra las finanzas ilegales.

“El FRISCO se diseñó como un fondo autosostenible que administra y rentabiliza los bienes incautados. Con este decreto, se vacía de sus activos más valiosos y se convierte en un simple depósito administrado por MinHacienda”, manifestó Rojas Castro.

En el caso de la entidad encargada de administrar los bienes incautados a las organizaciones ilegales, la preocupación es por su futuro institucional. “La SAE deja de ser un administrador activo de un gran portafolio y pasa a ser un mero tramitador de transferencias. Pierde ingresos, capacidad de acción y relevancia estratégica, lo que la pone en riesgo de ser absorbida o desmontada”.

Finalmente, pero no menos grave, el exviceministro manifiesta que esto representa un “retroceso en la lucha contra el narcotráfico”, puesto que, según las disposiciones, se presenta una afectación en la capacidad del Estado para combatir la economía ilegal. “Si los bienes se entregan de forma anticipada y no hay condena, el Estado deberá pagar indemnizaciones con recursos públicos. Eso desincentiva futuros procesos de incautación y extinción de dominio”, concluyó.

Debido a esto, insiste en que, bajo el argumento de acelerar políticas públicas, el decreto crea un mecanismo para redistribuir activos multimillonarios con mínima transparencia. “Es un retroceso institucional con alto costo fiscal y en materia de seguridad”, puntualizó.