Judicial
Rito Alejo del Río aseguró que sabía de paramilitares, pero que no tuvo relación con ellos
El cuestionado general del Ejército fue acogido en la JEP a cambio de contar la verdad de los sucedido en el conflicto, en especial en el departamento de Urabá, en donde es conocido como el “pacificador”.
El general Rito Alejo del Río, uno de los miembros del Ejército de más alto rango que ha sido condenado por la justicia por su relaciones con el paramilitarismo, por sus comprobados nexos con las AUC mientras fue comandante de la Brigada XVII en la región de Urabá, compareció por segunda vez ante la Justicia Especial para la Paz en donde participó en el macrocaso 04 en el que se investiga la violencia en las regiones de Antioquia y el Chocó.
Pese a la condena en su contra, y su compromiso de contar toda la verdad sobre el conflicto ante la JEP, en esta ocasión manifestó que aunque sí conocía el actuar los paramilitares en municipios como Necoclí, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo e incluso señaló que no es un secreto que estaban hacia Córdoba, donde había una escuela de formación para paramilitares anexa a una escuela que se llamaba La Acuarela.
Esta escuela de formación de paramilitares ha sido célebre en la historia del paramilitarismo en la región donde operaba la Brigada XVII cuando su comandante era Del Río, incluso el mercenario israelí, Yair Klein, quien vino a Colombia a entrenar esos escuadrones en tácticas de guerra antisubversiva ha contado los hechos.
Sobre las Convivir, Del Río dijo ante la JEP que era una organización que nació en Córdoba y que se dedicaba a mantener la seguridad agraria y la vigilancia en la región y negó vínculos con la Brigada. Justamente, la magistrada Nadiezhda Henríquez delegada de la JEP, quien tenía en sus manos la documentación y pruebas con las que fue condenado el militar en retiro presentó un documento, firmado por Del Río, en el que el exoficial pedía que se le aprobara el uso de armas a esta estructura denominada Asociación Convivir Costa Azul.
Según el documento que presentó la magistrada, el comandante de la Brigada XVII, a mediados de la década de los 90, había pedido cinco subametralladora UZI 9mm, 10 revólver Llama calibre 38, y 15 escopetas de repetición semiautomática calibre 12 Brancher, 10 pistolas Pietro Beretta calibre 9mm.
Pese a los cuestionamientos, a que fue condenado luego de que se probara su vínculo con paramilitares, Rito Alejo del Río no aceptó haber tenido relaciones con las autodefensas. Sin embargo, dijo que tenían una propuesta de colaboración con la justicia y con las comunidades negras de la región de Urabá. “Seguiré aportando para que se sepa toda la verdad. Hay muchos aspectos que hay que considerar en esa propuesta para contar la verdad, y saber cómo vamos a ayudar”, dijo Del Río.
Como el excomandante de la XVII Brigada negó relación con los grupos paramilitares, fue cuestionado por la magistrada, quien le preguntó, si como manifiesta que nunca hubo alianza con estas organizaciones ilegales, si las combatió o realizó operaciones en contra de ellas. La respuesta, sorpresiva, fue que no fueron operaciones para combatir a un grupo determinado porque ellos estaban deambulantes y que no recordaba puntualmente alguna operación, pero que por los resultados se puede determinar que sí.
Sobre ese tema entró en contradicción pues en primer lugar dijo que a las operaciones contra paramilitares no se les hacía mucho bombo porque había miembros de esa organización infiltrados y se podían afectar las acciones. No obstante, al puntualizar sobre estas infiltraciones le bajó el tono y advirtió “podría haber alguien que les colaborará, que tenía un amigo paramilitar. Eso es diferente a decir que estaba infiltrado, pero probablemente en se ha hablado de situaciones de esa magnitud”.
Rito Alejo del Río, conocido como el pacificador de Urabá, era el comandante de la XVII Brigada, un tropero que a sangre y fuego debilitó al máximo a la guerrilla en esta región. Fue condenado por comprobados vínculos con los paramilitares, pidió pista en la JEP y fue aceptado por el tribunal transicional por ser un actor en el conflicto. Sin embargo, su permanencia y los beneficios que brinda esta justicia alternativa son condicionados a que diga la verdad, de lo contrario tendría que pagar penas de prisión de hasta 20 años.