Rodrigo Londoño, antes Timochenko, envía una dura carta a la JEP. Presidente de la jurisdicción advirtió que el tiempo se agota

Unas declaraciones del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, puso sobre la mesa un tema trascendental para el futuro de ese organismo y del proceso de paz con las Farc, el cual fue creado en el Acuerdo de Paz, firmado en La Habana con el objetivo de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.

Sin embargo, a su mandato se le está agotando el tiempo. El acuerdo de paz estableció que la existencia de la JEP será de 15 años. No obstante, ese plazo es mucho menor para la Sala de Reconocimiento, que tiene solo 10 años, menos el término para indagación preliminar de 18 meses de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, lo cual significa que el tiempo es corto, recordando su entrada en vigencia en 2018.

Ramelli dijo de frente lo que eso significa para los procesos. “Estamos haciendo todo lo posible, pero el tiempo es limitado. Lo que no logremos investigar será devuelto a la justicia ordinaria, y allí las sanciones ya no serán propias, sino de cárcel”, explicó en una entrevista a Blu Radio, la semana pasada.

La expresión generó revuelo. Rodrigo Londoño, el líder de las extintas FARC, le envío una comunicación al magistrado Ramelli. Las Farc han tenido un papel cuestionado tras la firma de la paz. Por un lado, porque un gran número de sus miembros traicionaron el acuerdo y formaron las disidencias que hoy tienen el país en jaque, en numerosos territorios. Por otro lado, porque su compromiso en los procesos que se adelantan en esa jurisdicción no necesariamente han contado con su colaboración, ni con el reconocimiento de los crímenes que ellos cometieron.

En su carta, Londoño se despacha contra esa jurisdicción y lanza de nuevo una propuesta polémica. “Renunciamos públicamente al principio universal del derecho a presunción de inocencia para agilizar el proceso judicial, con el objetivo de ser juzgados y sancionados lo antes posible. Sin embargo, de manera incomprensible, la JEP ha decidido dilatar el proceso judicial, aperturar un número inmotivado y asimétrico de Macro Casos, caer en la investigación del hecho a hecho, burlando a las víctimas con falsas expectativas que las revictimizan”.

La renuncia a la presunción de inocencia nunca fue del todo clara. Hace dos meses, cuando ellos lanzaron esa propuesta, se pensó que era para todos los hechos que habían cometido en la guerra. Sin embargo, luego aclararon que se trataba solo de los casos que ellos mismos ya habían reconocido. “Respecto a todos los hechos, conductas previamente definidos y contrastadas que hasta ahora nos han sido atribuidos en todos los Macrocasos investigados en esta Jurisdicción y en las que hemos aceptado nuestra participación y responsabilidad, y la seguiremos aceptando”, decía la precisión. Eso en la práctica dejaba por fuera todo lo que no han reconocido por ejemplo la esclavitud, los crímenes sexuales y el reclutamiento infantil. Sin embargo, las Farc plantean que quisieran una única sentencia que les permita no ahondar en esos casos.

El debate quedó abierto.

Este es el texto completo:

Magistrado Alejandro Ramelli

Presidente Jurisdicción Especial para la Paz

Respetado Magistrado,

Con verdaderas sorpresa y desconcierto conocí las declaraciones que usted dio el pasado 30 de noviembre ante el medio de comunicación Blu Radio, en las que afirmó que “Estamos haciendo todo lo posible, pero el tiempo es limitado. Lo que no logremos investigar será devuelto a la justicia ordinaria, y allí las sanciones ya no serán propias, sino de cárcel”.

Sus palabras, señor magistrado, confirman nuestros peores temores y validan cada una de nuestras críticas, las cuales hemos expresado en todos los escenarios posibles. Los comparecientes de las extintas FARC-EP no exageramos al decir que la magistratura de la JEP se ha descarrilado de la tarea encomendada.

En poco más de seis años, desde la creación de la JEP, 9.906 firmantes de paz suscribimos acta de sometimiento a la JEP y cerca de 800 hemos comparecido ante las diligencias convocadas por la Jurisdicción. Sin embargo, al día de hoy no hay ninguna sentencia emitida por el tribunal, no hay ninguna renuncia a la persecución penal y sólo han otorgado 827 amnistías de 5.065 solicitadas. Y ahora usted, en calidad de presidente de la JEP, declara que no les va a alcanzar el tiempo para dar cierre jurídico al conflicto armado colombiano, a pesar de los más de 2 billones de pesos del erario público y los aportes económicos de la comunidad internacional gastados por su entidad.

Permítame expresarle, señor Magistrado, que sus afirmaciones son alarmantes y desafortunadas, pues avizoran el fracaso de la magistratura de la JEP ante la tarea que el Acuerdo Final de Paz le mandató a la jurisdicción que hoy usted preside. Además, anuncian una conducta claramente inconstitucional en la medida que la JEP tiene un marco temporal definido y, en consecuencia, la transgresión manifiesta de violar los tiempos por parte de sus funcionarios constituye una evidente violación a lo pactado en el Acuerdo, asunto que llevaremos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Así se delatan no sólo un desconocimiento absoluto de los términos del Acuerdo Final de Paz de 2016, sino del enorme significado que la comunidad y los tribunales de la justicia internacional le han reconocido al tratamiento jurídico acordado para reivindicar los derechos de las Víctimas. Valga señalar que los máximos responsables del Estado siguen sin asumir sus responsabilidades y las dilaciones atribuibles a la jurisdicción tendrían como consecuencia la intervención de la CPI. Un agravante adicional que profundizaría las dificultades de la consolidación de la paz en el país.

Señor Ramelli, las decisiones erráticas de la JEP ponen en riesgo el esfuerzo sostenido durante ocho años por erradicar la violencia del país y construir paz con justicia social. Sus equivocaciones serán caldo de cultivo de nuevas violencias, generando miles de víctimas más, mientras se echa por un barranco la posibilidad de que no se repitan los horrores que la guerra produjo en Colombia. Me pregunto si usted y los demás magistrados y magistradas son conscientes de la responsabilidad que tienen ante el país y ante la historia.

Renunciamos públicamente al principio universal del derecho a presunción de inocencia para agilizar el proceso judicial, con el objetivo de ser juzgados y sancionados lo antes posible. Sin embargo, de manera incomprensible, la JEP ha decidido dilatar el proceso judicial, aperturar un número inmotivado y asimétrico de Macro Casos, caer en la investigación del hecho a hecho, burlando a las víctimas con falsas expectativas que las revictimizan.

¿Cuáles son los verdaderos móviles de sus prácticas jurídicas que ponen en vilo la paz del país? Como representante de la Alta Parte Contratante y Garante del cumplimiento del Acuerdo de Paz reitero la solicitud de una resolución única de conclusiones y de sanciones que respeten el espíritu del Acuerdo, brindando las garantías de seguridad jurídica a los comparecientes, especialmente a quienes no fueron máximos responsables. Exhorto a la reflexión serena y profunda. La paz de Colombia es sagrada. La JEP debe mostrar resultados ya.

Respetuosamente,

Rodrigo Londoño Echeverri

Signatario del Acuerdo de Paz”.