Salvatore Mancuso recibe nueva medida de aseguramiento; el excomandante paramilitar ya suma 33

En contra del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez se emitió una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario. La Sala de Justicia y Paz de Barranquilla determinó que el exjefe de las AUC debe responder por los crímenes acaecidos en los departamentos del Cesar y La Guajira por los frentes Mártires del Cesar y Resistencia Motilona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años de 1996 y 2005.

En la decisión de 45 páginas se advierte que Salvatore Mancuso, siendo comandante de los bloques que lideró en el norte del país, auspició además crímenes en el departamento de Norte de Santander por orden directa de la Casa Castaño, comandada por los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil.

“Se halla demostrado la materialidad de las conductas, el vínculo con la guerra y la probable responsabilidad de las Autodefensas, por medio de uno de sus máximos líderes”, resalta el fallo al hacer referencia directa a la responsabilidad de Salvatore Mancuso Gómez con los hechos imputados por la Sala.

En su calidad de máximo comandante de los bloques que delinquían en esta zona del país, le cabe una responsabilidad mayor al ordenar y tener conocimiento de estas acciones en contra de la población civil. A Mancuso se le vinculó con cargos relacionados con desaparición forzada, deportación-expulsión-traslado o desplazamiento forzado de población civil, muertes violentas y violencia basada de género.

En este expediente se discrimina la imputación de cargos contra Mancuso Gómez de la siguiente manera: muertes violentas (172); desaparición forzada (36); desplazamiento forzado (223) y otros (512). Con un total de 512 víctimas.

En el caso de Víctor Emilio Negrete Olivia, por poner un ejemplo, se determinó que el 5 de septiembre de 2004 fue “conducido y retenido” por paramilitares para ser “ultimado en zona rural del municipio de Curumani, Cesar. El crimen tuvo relación con la intención de las AUC de “apropiarse” del ganado que tenía el jornalero.

“Lo anterior se ajusta al patrón de muertes violentas, bajo la política de guerra de las Autodefensas de ejercer control social en la zona, y con el modus operandi de sustracción a la fuerza; en este caso, con el propósito final de apropiarse de unos animales; por ello, ejecutaron a la víctima”, manifiesta la decisión.

Pese a que no se identificó que Mancuso Gómez ordenara esta retención y asesinato, lo cierto es que al ser el máximo comandante del Bloque que tenía injerencia en esta zona debe responder de manera directa.

“(...) aunque no se cuenta con la individualización o identificación de los autores materiales, es posible predicar la responsabilidad mediata de Salvatore Mancuso Gómez en este crimen; recuérdese que hizo parte de la cúpula que comandó el Bloque Norte que tenía injerencia en el Departamento de Cesar, incluido el municipio de Curumaní, el cual estaba a cargo del Frente Resistencia Motilona, desde el año 1996 hasta el 10 de diciembre de 2004, cuando se desmovilizó”, aclara la Sala frente a la responsabilidad del exjefe de las AUC.

Con esta decisión, ya son 33 las medidas de aseguramiento que existen contra Mancuso Gómez, quien actualmente se encuentra en una cárcel de los Estados Unidos.

El pasado 17 de noviembre la JEP aceptó el sometimiento de Salvatore Mancuso a esa jurisdicción como “sujeto incorporado a la fuerza pública” entre los años de 1998 y 2004. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que el exjefe paramilitar tuvo un papel de “bisagra” entre las estructuras militares, empresariales, políticos y agentes del Estado con los grupos paramilitares.

El excomandante paramilitar señaló que él junto a sus hombres de confianza tenían acceso libre, directo y constante a las brigadas militares en el norte del país, principalmente. Estas mismas les otorgaron elementos de comunicación y hasta armamento para que ejecutaran acciones operacionales.

“No solo tenía liderazgo y jerarquía, sino también poder decisorio, conocimiento y capacidad para que todo el engranaje criminal funcionaria”, advertía la decisión.