Sandra Ortiz busca negociación con la Fiscalía que podría incluir una aceptación de cargos

Por el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ya se cuentan cinco personas condenadas, todas por aceptación de cargos y preacuerdos con la Fiscalía. Sandra Ortiz, la exconsejera para las Regiones del presidente Gustavo Petro, al parecer, se quiere incluir en ese listado.

En las últimas horas se conoció que Ortiz estaría buscando la forma de llegar a algún acuerdo con la Fiscalía, a través de un principio de oportunidad o un preacuerdo que de plano llevaría a una condena en su contra por los delitos que le fueron imputados. Un hecho de relevancia en el entendido de que ella denunció ser víctima de presiones por parte de la Fiscalía.

“Lo anterior permite inferir más allá de toda razonabilidad sobre las gestiones adelantadas por Sandra Ortiz para generar un escenario de confianza, previo a la entrega del recurso, y que garantizaría el cumplimiento del acuerdo criminal. En estos audios se evidencia cómo Sandra Ortiz solicitó la adición del contrato del Atlántico a favor del senador Iván Name”, advirtió la fiscal María Cristina Patiño.

Sandra Ortiz, durante la imputación de cargos que hizo la Fiscalía, negó su responsabilidad en los hechos de corrupción que tiene a varios funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro en lista de espera para conocer su condena, entre ellos el mismo exdirector de la UNGRD, Olmedo López y su fiel escudero, Sneyder Pinilla.

“Se puede inferir de manera razonable que la consejera para las Regiones utilizó influencias derivadas de su cargo en provecho del senador Iván Name con el fin de entregar 3 mil millones, derivados de contratación de UNGRD con destino al presidente del Senado”, señaló la fiscal durante la solicitud de medida de aseguramiento.

Ahora Ortiz, desde su sitio de reclusión, en una guarnición militar, al parecer tiene otra mirada del proceso, otra más conciliadora, que advierte posibilidades de negociación con la Fiscalía. Las opciones que tiene, al igual que los demás implicados en este escándalo, son el principio de oportunidad o el preacuerdo.

Al parecer, la segunda opción es la que más se acerca a los intereses de la exfuncionaria, particularmente porque la Fiscalía tiene suficiente material de prueba para llevarla a juicio por los delitos que le fueron imputados. Con esa segunda opción no tendrá obligación de delatar a nadie, simplemente aceptar su responsabilidad y buscar una rebaja sustancial de la pena.

Resulta curioso que ahora la exconsejera para las Regiones del presidente Gustavo Petro busque un acercamiento con la Fiscalía, cuando advirtió que fue víctima de presiones y que, además, personas “muy poderosas” estarían detrás de ella para afectarla. Lo dijo durante la audiencia preliminar que terminó en una medida de aseguramiento en su contra.