Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, se enfrenta a una condena de 30 años de prisión por el escándalo de la UNGRD

Tras la pregunta de la jueza tercera de control de garantías de Bogotá, la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, se declaró inocente de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias que le imputó este viernes la Fiscalía General por su presunta participación en los hechos que rodearon el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía General vinculó a la exfuncionaria de haber sido la encargada de trasladar los tres mil millones de pesos al domicilio del senador Iván Name, en el nororiente de Bogotá, muy cerca del centro comercial Unicentro.

Este movimiento de dinero, según la delegada de la Fiscalía General, se realizó por orden directa de Carlos Ramón González, entonces director del Departamento de la Presidencia de la República (Dapre). Todo esto bajo el conocimiento del director de la UNGRD, Olmedo López.

“En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, entre los meses de septiembre a diciembre de 2023, Carlos Ramón González Merchán, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en adelante, e integrante del mismo partido de la señora Sandra Liliana Ortiz Nova, esto es Alianza Verde, le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez entregar contratos por valor de 60 mil millones de pesos a favor del también copartidario suyo y presidente del Senado de la República, Iván Leonidas Name Vásquez por un valor superior a los 10 mil millones de pesos”, precisó la fiscal.

Teniendo en cuenta su experiencia en el campo político, su trayectoria en el ámbito público y su misma profesión, Sandra Ortiz sabía que lo que se pactó en esa reunión del 11 de octubre de 2023, en la suite Tequendama, en el centro de Bogotá, era un delito y aun así lo siguió ejecutando.

“Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante el mes de septiembre, Carlos Ramón González y Olmedo de Jesús López Martínez variaron la oferta dirigida a Name Vásquez a una suma en efectivo de 3 mil millones de pesos, y a Calle Aguas por una de mil millones de pesos, dinero que sería obtenido de recursos provenientes de la contratación de la UNGRD que Olmedo López entregaría”, aseveró la fiscal durante la imputación de cargos.

La Fiscalía General reveló que el plan para desviar recursos de la UNGRD se puso en marcha en una reunión improvisada celebrada en la tarde del 21 de septiembre de 2023, en el Palacio de Nariño.

“A la espera del Consejo de Ministros, usted, señora Sandra Liliana Ortiz Nova, abordó a Olmedo de Jesús López Martínez y le preguntó si había hablado con Carlos Ramón González, aclarándole que con usted era “solo lo de Name”, momento en el cual González Merchan se incorporó a la reunión y usted, en presencia de este, le solicitó a Olmedo, además, adicionar en 11 mil millones de pesos un contrato que la UNGRD tramitaba en el departamento del Atlántico”, reseñó la fiscal.

En ese momento, Carlos Ramón González le indicó a Sandra Ortiz presentar a Name con Olmedo, para lo cual debía encargarse de organizar un desayuno para el día 25 de septiembre siguiente, con el fin de generar confianza, siendo tal su influencia que este hecho se materializó. “Usted, siguiendo las instrucciones de Carlos Ramón González, programó efectivamente para el 25 de septiembre de 2023 el desayuno en la habitación 2312 de Residencias Tequendama, donde usted residía, con el propósito de presentar a Iván Leonidas Name Vásquez con Olmedo de Jesús López”.

En su exposición, la delegada de la Fiscalía manifestó que la exconsejera presidencial para las regiones se enfrenta a una condena entre los 10 y los 30 años de prisión, de ser hallada culpable.

Por la gravedad de los delitos imputados, la Fiscalía General solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad contra la exconsejera presidencial.