Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, seguirá en una guarnición militar

Este viernes 24 de enero, el juzgado 21 de conocimiento de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento en contra de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, una de las principales implicadas en el escándalo de corrupción que saqueó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Tras resolver el recurso de apelación presentado por la defensa de la exfuncionaria en contra de la medida privativa de la libertad impuesta el pasado 18 de diciembre, la jueza determinó que existen méritos suficientes para dejarla en firme debido al riesgo de fuga y al peligro para la sociedad.

Ortiz, la exfuncionaria del Gobierno Petro de más alto cargo en ser vinculada a este proceso de corrupción, enfrenta un proceso penal por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. En medio de la extensa imputación de cargos celebrada en diciembre pasado, manifestó que no iba a aceptar cargos.

La Fiscalía General la señaló como la pieza clave en el movimiento de millonarios sobornos que salieron de los recursos de la UNGRD al senador Iván Name, en hechos registrados el 12 y 13 de octubre de 2023.

En la decisión de segunda instancia, se consideró que por la gravedad de los delitos imputados y la pena a la que se expone.

Igualmente, alertó sobre el hecho que la exfuncionaria habría intentando borrar conversaciones que tuvo con Sneyder Pinilla en las que, presuntamente se fijaba el movimiento de los sobornos.

“La proporcionalidad debe examinarse en relación con la dimensión del daño que pudo haber cometido la imputada, pues téngase en cuenta que el dinero era proveniente de una orden de proveeduría que tenía con el fin la compra de 40 carrotanques con el fin de abastecer la población más vulnerable de La Guajira”, enfatizó la jueza de conocimiento que rechazó los argumentos de la defensa de la exfuncionaria.

En el tema del peligro para la sociedad, la jueza hizo un nuevo cuestionamiento. “Frente a la continuidad de la actividad delictiva, no puede escudarse la defensa en el hecho de haberse celebrado sin concretar acuerdos y algunos principios de oportunidad con integrantes de la UNGRD, contratistas, entre otros”.

Igualmente, la jueza indicó claramente que la procesada puede afectar la declaración de otros testigos y llegar a eliminar pruebas de este entramado delictivos.

“De otra parte, no puede pregonarse que los dineros entregados a los congresistas no fueron recuperados por aquellos funcionarios públicos”, aclaró en su decisión. “Adicionalmente, la gravedad de la conducta se encuentra enmarcada porque, sabiendo de su labor como alta consejera en las regiones, decidió actuar con un beneficio particular y permitir el financiamiento para continuar con su círculo político”.

Esta actitud, enfatizó, afectó a la población vulnerable que estaba esperando ayudas. “Genera un reproche por parte de la sociedad, pues ello conlleva a grandes consideraciones morales, políticas, democráticas, porque eso va en la gobernabilidad”.

“El desarrollo sostenible distorsiona la competencia, la transparencia y las actuaciones de los funcionarios públicos en las diferentes entidades de nuestro país, que generan consecuencias devastadoras a gran escala en nuestra población colombiana”, indicó.