Sanitas contra Petro: la pelea es ahora en los tribunales y en grande. Estos son los detalles secretos de esa batalla

La pintoresca y controversial alocución presidencial sobre la salud en Colombia levantó una ola de críticas, indignación, burlas y opiniones. Como es usual en su discurso, el presidente se despachó y lanzó algunas de las más estrambóticas ideas desde el inicio de su gobierno, como trasladar la Estatua de la Libertad de Nueva York a Cartagena.

Pero en el tema de fondo, que eran los resultados financieros de las EPS, sus palabras estuvieron llenas de imprecisiones y verdades a medias, con el mismo caballo de batalla: la arremetida violenta contra Sanitas y sus dueños. Pero, por primera vez, esa guerra verbal pasó a otro plano: la de los estrados judiciales.

El grupo Keralty, dueño de la EPS, consideró que lo dicho por Petro fue el cruce de una línea roja. Y, días después, su abogado, el prestigioso jurista Juan David Riveros, interpuso dos denuncias penales. Una contra el propio presidente de la república, Gustavo Petro, y otra contra su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

SEMANA conoció la integralidad de ambos recursos judiciales, así como la tutela que el grupo empresarial presentó el viernes en la tarde contra el mandatario ante el Consejo de Estado.

A pesar de que el presidente no ha soltado de sus intervenciones en salud a Keralty, e incluso se despachó contra ellos en el tarimazo del primero de mayo, lo de esta semana no tiene antecedentes. Petro acusó a la empresa y a su dueño de “crímenes de lesa humanidad” y de matar “colombianos y niños en masa en Colombia”.

También los señaló de financiar de manera irregular las campañas políticas en Colombia y de “robar” la plata del sistema de salud. Para Petro, el origen español del dueño de Sanitas es un bocado de cardenal que le ha permitido varias veces hablar de la conquista de la madre patria.

“Otra vez somos Colombia, colonia ya no de los españoles, aunque ahí está el dueño de Keralty… Y me toca hablar con el rey de España y me toca hablar; menos mal me recibe todavía con abrazos y besos”, dijo en tono provocador, pese al evidente rechazo del beso en la mejilla de la reina Letizia en una cumbre internacional en Sevilla, que se hizo viral. La artillería jurídica vino precedida de una sentida carta, firmada por el presidente del grupo, el español Joseba Grajales.

“La historia siempre acaba por separar al justo del oportunista, al ético del manipulador. No vamos a permitir que se mancille con impunidad el nombre de quienes han dedicado su vida a servir a los demás con honestidad”, aseguró en la misiva en la que anunciaba su batalla judicial y citó a Platón, Aristóteles, Séneca y Kant.

La carta es tan impactante para una comunicación corporativa que El Mundo de España la registró así: “La declaración de guerra judicial no solo convierte a Joseba Grajales en el ‘enemigo público’ del presidente colombiano, sino que le sitúa como el empresario más conocido en un país de casi 54 millones de habitantes”.

Keralty denunció al primer mandatario ante la Comisión de Acusación por tres delitos: calumnia, injuria y discriminación. En un detallado escrito, Riveros sustenta con jurisprudencia de las altas cortes su petición.

Y al final concluye: “El presidente Petro imputó falsamente al directivo español de Keralty la comisión de delitos, sin respaldo judicial ni probatorio, afectando gravemente su integridad moral (…) Las manifestaciones realizadas por el señor Gustavo Petro no constituyen hechos aislados ni espontáneos, sino que configuran una conducta reiterada y sistemática de imputaciones falsas en contra de mi representado, lo cual encuadra en la figura de calumnia continuada”.

Sobre el delito de discriminación, dijo: “Las declaraciones que prohíben la permanencia del directivo de Keralty en Colombia constituyen una restricción del pleno ejercicio de sus derechos fundamentales que (...) revelan una clara motivación discriminatoria basada en la nacionalidad”.

Ante el Consejo de Estado, Keralty interpuso una tutela en la cual se asegura que al empresario Grajales se le ha violado “la dignidad humana”, “la igualdad”, “el buen nombre”, “la honra”, “la libre locomoción” y “la presunción de inocencia”.

“Las personas que ostentan cargos públicos son las que más deberían estar llamadas a respetar los derechos fundamentales. Especialmente, el presidente de la república, por la autoridad y dignidad que implica su cargo, es quien más está llamado a respetar la Constitución”, concluye la tutela. Las peticiones en esta acción judicial son concretas.

Por un lado, “cesar la actividad difamatoria” en contra de Grajales y, por otro, ordenarle al presidente rectificar. Una acción judicial adicional fue radicada contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Se trata de una querella que fue radicada en la Fiscalía. Responde a una afirmación que el alto funcionario hizo en una cadena radial.

“Llevo desde 2023 pidiendo que levanten el velo corporativo de Sanitas. El señor Grajales recibió 2.300 millones de dólares que no se le auditan, mientras él decía que no tenía plata para seguir atendiendo, creándonos un caos. En un solo año sus empresas en Colombia tuvieron utilidades por más de 600.000 millones de pesos en la época de la pandemia, en un solo año. Aun así, este señor sacó a sus trabajadores a salir a protestar contra el Gobierno de Colombia”, señaló el ministro.

Keralty asegura que estas afirmaciones constituyen los delitos de calumnia e injuria, porque afectan el derecho fundamental a la honra y buen nombre de Grajales. Además, califican de “preocupante” la solicitud de Jaramillo de levantar el velo corporativo.

“Constituye no solo una manifestación temeraria, sino una abierta transgresión al orden jurídico colombiano. Aunque el ministro pareciera desconocerlo, dicha solicitud contraviene de forma directa la ley y las garantías constitucionales que rigen la libertad de empresa, el derecho a la reserva societaria y la presunción de legalidad de que gozan las personas jurídicas”.

Esas tres acciones judiciales son las primeras radicadas contra el presidente y su ministro, pero no las únicas que cursan en el ordenamiento judicial por el caso de Sanitas. La empresa acaba de ganar una tutela en la Corte Constitucional que le permite retomar el control de la EPS. El texto completo de la sentencia fue dado a conocer este viernes.

Ahí, el alto tribunal no solamente le dio la razón a la empresa sobre la arbitrariedad de la intervención, sino que hizo pronunciamientos muy de fondo contra lo que ha hecho el Gobierno Petro de acorralar financieramente a las EPS. La Corte le dio la razón a Sanitas en el eje de esa controversia, argumentando la insuficiencia de la UPC y la falta de reconocimiento oportuno y transferencia de los presupuestos máximos.

En los tribunales internacionales también cursa una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial, bajo el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones entre Colombia y España (firmado en 2005).

Sanitas reclama una “expropiación ilegal y la violación del estándar de trato justo y equitativo, entre otras violaciones al derecho internacional”. En medio del maremágnum judicial, muchos se preguntan por qué el ensañamiento tan visceral del presidente contra esa compañía, cuando hay 29 en el país que cumplen la misma función.

Al igual que ha pasado en el tema de los pasaportes y las elecciones, en los que la obsesión ha estado apuntada a Thomas Greg & Sons, en el ámbito de la salud, Petro ha tenido desde hace años una especial inquina contra Keralty. Pero hay una razón que podría explicar esa animadversión. Sanitas ha sido, desde el inicio del Gobierno, la única EPS que, de manera abierta y sostenida en el tiempo, ha denunciado públicamente el ahogo financiero al que han sido sometidas las EPS.

Su entonces presidente, el médico Juan Pablo Rueda, salió a los medios, en agosto de 2023, a contar que el sistema no daba más y que las reservas que necesitaban para operar se estaban agotando.

“Se nos acaba el oxígeno”, le dijo en su momento a SEMANA. De manera más cautelosa, en una carta abierta, Compensar y Sura habían expresado esa misma preocupación. El Gobierno Petro, en vez de buscar soluciones, decidió intervenir la empresa el 2 de abril de 2024.

En esa guerra que ambos libran, por ahora Sanitas va ganando, amparada por la protección de la Corte Constitucional. Si triunfa en los pleitos internacionales, la consecuencia económica para Colombia será muy alta. Pero este nuevo capítulo es mucho más personal, y tanto la empresa como Petro prometen llevarlo hasta las últimas consecuencias.