Bajo las montañas de Colombia avanza un multimillonario saqueo del que pocas personas quieren hablar. La Policía, el Ejército y la Fiscalía esquivan la “papa caliente” para evitar un nuevo estallido social e impedir un conflicto subterráneo que podría dejar cientos de fallecidos. Nadie está preparado para enfrentar el problema.
Grupos de 15 hombres se alistan cada dos semanas para internarse en túneles clandestinos en Segovia y Buriticá, pueblos de Antioquia, con el fin de encontrar elementos preciosos que puedan canjear por millones de pesos. Ellos sobreviven 360 horas en la oscuridad con sustancias ilícitas que los mantienen despiertos.
El afán de las personas es atrapar oro, cobre y plata en el menor tiempo posible. Es una faena en la que la muerte puede aparecer en cualquier momento, pero la fiebre por el dinero, el poder y la necesidad los empuja a las profundidades de la tierra para desafiarse a sí mismos. Allí falta la respiración y la humedad es desesperante.
“Uno se tiene que arrastrar y gatear por los túneles que, en promedio, tienen entre 50 y 60 centímetros de diámetro. El calor y la asfixia son insoportables. Bajan mujeres a cocinar y las necesidades se hacen en el mismo sitio, el olor es asqueroso”, narró a SEMANA uno de los investigadores de la Policía que cruzó un socavón en Segovia.
Los caminos se abren con explosivos ilegales en terrenos que el Estado les autorizó explotar a las dos multinacionales extranjeras más grandes que operan en Colombia con la minería: Zijin-Continental Gold y Aris Mining, que hoy han quedado en medio de la delincuencia bajo la aparente complicidad de algunas autoridades.
Menores de edad y migrantes están involucrados en la toma de las minas. En las investigaciones que hay en curso sobre este caso, ningún despacho judicial se ha atrevido a calcular la cantidad exacta de sus ganancias, pero sí el destino de sus productos: Estados Unidos, China y Emiratos Árabes Unidos.
Aunque la Justicia y entidades administrativas han solicitado a las autoridades locales y policiales la intervención de los epicentros de la minería ilegal y proteger los derechos de las compañías, los operativos se han frenado por asonadas, amenazas políticas y presencia de personas vulnerables.
Sombras Criminales
El negocio es direccionado por el Clan del Golfo en Segovia y Remedios, la organización delincuencial más grande de Colombia que hoy intenta negociar la paz total con el Gobierno Petro en Catar. Sus hombres cobran impuestos, suministran explosivos, mercurio y deciden quiénes pueden extraer los materiales preciosos.
Un agente de la Dirección de Inteligencia Policial que le hace seguimiento a la situación reveló que la organización delincuencial no participa directamente en la extracción del oro, pero sí les exige a los mineros el 10 por ciento del total del material que consiguen bajo tierra, ya sea en dinero o en físico.
“Cuando salen de la mina, ellos deben rendirle cuentas al Clan del Golfo. En un mes pueden recibir varios millones de dólares, y no es una exageración al calcular hoy el precio del oro. El Clan del Golfo está recibiendo las ganancias y ya tenemos identificados a los responsables”, afirmó el agente en conversación con SEMANA.
Buena parte de los explosivos que les han identificado a estas personas provienen de Indumil, aunque también ha aparecido material de Perú, Chile y Ecuador, que ingresa por la frontera con el departamento de Nariño y hace su recorrido hasta los municipios de Antioquia, burlando todos los filtros de seguridad en las carreteras.
Al parecer, esta organización ilegal se estaría camuflando en diferentes compañías para usarlas como canal financiero y operativo, dándole apariencia de legalidad a su actuar. En una denuncia que llegó a la Fiscalía, se acusó a Frontera Gold de tener, presuntamente, nexos con los herederos de alias Otoniel en Segovia.
Sin tener un permiso para operar en el sector minero y justificándose en una formalización ante una cámara de comercio de la región en 2024, esta empresa se estaría dedicando irregularmente a la extracción de materiales. Si bien se le ordenó al municipio su desmonte, la administración no ha hecho efectiva la operación.
“Hemos identificado que el Clan del Golfo sí tiene nexos con varias empresas, y no solo en Segovia, también en Medellín, donde finalmente se procesa el oro de manera legal. Es decir, son empresas fachadas que se están prestando para materializar toda la cadena criminal”, agregó el uniformado de la Dirección de Inteligencia Policial.
“Papa Caliente”
La minería ilegal se convirtió en la segunda fuente de ingresos económicos de los grupos armados ilegales en Colombia, solo superada por el narcotráfico. No solo son activos del Clan del Golfo en Antioquia, también del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá.
Informes conocidos por SEMANA alertan que la fuerza pública no contaría con las herramientas suficientes para enfrentar este fenómeno bajo tierra. Solo dispondría de la Dirección de Carabineros, cuyos hombres han adelantado pequeñas operaciones que han permitido conocer una parte del fenómeno que se vive en la profundidad.
El problema es mayúsculo para el Estado. En tribunales de arbitramento internacional avanzan procesos en contra de Colombia, instaurados por los propietarios de las grandes mineras, porque las autoridades no estarían salvaguardando sus intereses en el negocio. Sobre la mesa hay cientos de millones de pesos en disputa; Aris Mining retiró su demanda tras llegar a un acuerdo con el Ejecutivo.
En las denuncias que tiene en su poder la Fiscalía se habla de un “esclavismo por el oro” en Antioquia, se advierte del uso indiscriminado de mercurio y se pide investigar la supuesta relación entre la minería ilegal, las autoridades locales y las Fuerzas Militares, pues estarían accediendo a material de explosivos y armamento adscrito a la institucionalidad.
Las guerras por el oro también ocupan la atención de los investigadores. El Clan del Golfo está empeñado en apoderarse de las minas ilegales del ELN en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Bolívar, cuya protección la comparte con los disidentes de las Farc.
