Se han ejecutado 77 billones de pesos del Acuerdo de Paz que no han logrado cambios estructurales en las zonas rurales del país: Contraloría

Un informe de la Contraloría general revela que, pese a la cuantiosa ejecución de recursos para la implementación del Acuerdo Final de Paz, hasta ahora no se han logrado cambios estructurales en las zonas rurales del país, ni siquiera en los municipios priorizados con los PDET.

De acuerdo con el órgano de control, la razón para que no hayan servido estas inversiones que ascienden a los 77,45 billones de pesos, en los últimos seis años, es la ejecución desarticulada de los mismos, lo que compromete la eficacia de los recursos públicos.

“Si bien el ritmo de asignación de recursos aumentó a partir del año 2020 frente a lo estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se requiere en los próximos años, realizar un mayor esfuerzo presupuestal, priorizar recursos para cubrir los compromisos rezagados, y propender por una mayor calidad del gasto para lograr efectividad en los resultados de las intervenciones previstas en el Acuerdo Final de Paz”, dice la Contraloría.

Esta es una de las principales conclusiones del séptimo informe del órgano de control al Congreso sobre los recursos del posconflicto. También hay reparos frente a la reforma rural.

“Se indica también que la reforma rural Integral no ha conseguido un punto de inflexión para el cierre de brechas entre el campo y la ciudad, y la erradicación de la pobreza extrema, cuyos niveles según el Dane ―último corte disponible de 2021― son mayores a los de 2017 en centros poblados y zona rural dispersa”, dice el informe de la Contraloría.

La Contraloría agrega que de “los $ 44,9 billones ejecutados en la reforma rural Integrada no han logrado las transformaciones requeridas, ni siquiera en los municipios priorizados, debido a la deficiente formulación de proyectos, y falta de coordinación de acciones entre las entidades responsables”.

“Tras seis años de implementación, el indicador de ‘tres millones de hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras’ presenta un mínimo avance con 19.655 ha entregadas, el 0,65 % de la meta a 15 años, pese a que el Fondo de Tierras dispone de más de 1′300.000 hectáreas. Por otro lado, se destaca la creación de la Jurisdicción Especial Agraria, mediante Acto Legislativo 03 de 2023 del 24 de julio de 2023, con la cual se inicia el camino para la solución de conflictos derivados de la tenencia y posesión de la tierra a nivel nacional”, precisa el informe.

La Contraloría también advierte que “la participación ciudadana, eje fundamental del Acuerdo Final de paz, es precaria o casi inexistente”.

“En los PDET se logró total participación comunitaria en la formulación de las iniciativas, y mínima incidencia en la implementación, y en el seguimiento. Esto último por las limitaciones en el acceso y la deficiente calidad de la información financiera”, dice el informe.

Según la Contraloría, luego de transcurrido el primer año del actual Gobierno, no se ha evidenciado la puesta en marcha de los ajustes de fondo que la implementación requiere.

“Se espera que la Unidad de Implementación del Acuerdo Final (UIAF) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), concreten los ajustes normativos, técnicos y metodológicos que demanda la implementación y el país pueda avanzar hacia transformación estructural del campo”, señaló la Contraloría.