“Secreto profesional no depende de un poder”, advierte requerimiento del abogado Mauricio Pava a la fiscal, en caso del expresidente Uribe

El abogado Mauricio Pava Lugo puso sobre la mesa un debate sensible en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, en un derecho de petición dirigido a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y que tiene que ver con el espinoso tema del secreto profesional entre abogado y cliente, que fue extrañamente omitido en el juicio contra el expresidente en el que fue condenado y que se encuentra en apelación en el Tribunal Superior de Bogotá.

Pava advirtió que condicionar la confidencialidad entre abogado y cliente a la existencia de un poder escrito es un retroceso que pone en riesgo el derecho de defensa. El tema cobró fuerza porque en la reciente sentencia contra el expresidente sostuvo que esa protección solo existe cuando hay un poder formalmente protocolizado.

El penalista Pava, que se sumó al equipo de defensa del expresidente Uribe, considera que ese criterio desconoce la esencia del secreto profesional, y recuerda que las normas procesales prohíben interceptar cualquier comunicación con el abogado, sin importar si es un defensor ya constituido o un consultor en las etapas iniciales.

Además, señala el abogado Mauricio Pava, que la Constitución, la Convención Americana y varios fallos de la Corte Constitucional han señalado que la garantía nace de la relación de confianza, no de un trámite burocrático.

En el derecho de petición, al que tuvo acceso SEMANA, explica que su postura coincide con decisiones de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han insistido en la necesidad de blindar la comunicación previa al proceso.

“Limitar esa garantía a un poder escrito equivale a dejar desprotegido al ciudadano justo en la primera línea de defensa, cuando busca orientación legal por primera vez”, advierte el abogado.

Con su petición, Pava dejó constancia en la Fiscalía de la asesoría que presta en el caso, con el fin de evitar eventuales interceptaciones “por error”.

Las preguntas a la fiscal Camargo, planteadas a través del derecho de petición, hacen referencia a uno de los capítulos más cuestionados del juicio contra el expresidente Uribe, en el cual, de forma insólita, fue avalada la interceptación de las comunicaciones del exmandatario.

En este caso, se trató de las conversaciones que sostenía con quien formaba parte de su equipo de abogados, Diego Cadena. Además, en estas interceptaciones, según se afirmó, no se probaba ninguna actuación irregular.

Por eso, entre los cuestionamientos de Pava está: “La sentencia sostiene que el secreto profesional ‘cede’ cuando existen ‘indicios claros de concentración delictiva’ en las comunidades, pero ¿cuáles fragmentos específicos de las llamadas Cadena-Uribe demuestran per se una finalidad ilícita, si el analista Óscar Álvarez y el informe 11224522-23 concluyeron que las conversaciones no revelan acuerdos ni eran relevantes para el expediente?”.

Y otra aún más determinante: “¿Por qué razón se ignoró el precedente de la Corte Suprema que afirma que ‘la sola procedencia del vínculo abogado-cliente basta para excluir la prueba’, y se optó por exigir un poder escrito como único medio para activar la protección de los artículos 301 de la Ley 600 y 235 de la ley 906, contrariando el principio pro homine?”.

Las respuestas de la fiscal general serán determinantes en el proceso contra Uribe que está en apelación, en segunda instancia, ante el Tribunal Superior de Bogotá.