Gestores de paz
SEMANA revela detalles inéditos de la fracasada reunión de 16 exjefes paramilitares que tiene en vilo su gestoría de paz
El encuentro sería de cuatro días en un claustro religioso en la sabana de Bogotá. Los traslados desde diferentes cárceles estaban listos.

El martes 3 de junio era, quizá, era día más esperado de los últimos 20 años para los 16 exjefes paramilitares nombrados en condición de gestores de paz por el gobierno de Gustavo Petro.
Por fin se iban a ver las caras, 14 de ellos en persona y dos conectados a través de videollamadas desde cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos.
Incluso iban a tener un espacio privado para sus conversaciones.
Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz habían tramitado uno a uno los permisos del Inpec para trasladar desde la cárcel La Picota a Héctor José Buitrago, fundador de las Autodefensas de los Llanos, de 85 años y conocido con el alias de Tripas, y a su hijo Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos.
Lo más leído
También habían hecho lo mismo con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien está recluido en la cárcel de la Picaleña, en Ibagué; y con Hernán Giraldo Serna, exjefe del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) conocido con el alias de Taladro, quien está preso en la cárcel La Paz, de Itagüí.

Además, habían elevado las solicitudes al Departamento de Estados y al Bureau de prisiones de Estados Unidos para que se permitiera que, por medios tecnológicos, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, y Ramiro ‘Cuco’ Vanoy se conectaran desde las estrictas cárceles norteamericanas, donde purgan condenas por narcotráfico.

SEMANA conoció que por cada traslado, incluidos los nueve gestores de paz que están en libertad, entre ellos Salvatore Mancuso, iban a ser necesario, mínimo, entre 20 y 25 funcionarios del Inpec, más el apoyo del Ejército, la Policía y escoltas privados, para la seguridad de los exparamilitares. Un operativo realmente complejo.
El punto de encuentro, que aún mantienen bajo reserva por seguridad, era un claustro religioso en la Sabana de Bogotá. “Las monjitas, muy queridas ellas, dieron el aval, sabían incluso que iba a haber gente armada de la Policía, del Ejército, escoltas, todo”, le contaron varias fuentes a SEMANA.
Pero todo se truncó. En una carta que le enviaron al presidente, Gustavo Petro, en la que le solicitaron la suspensión de las gestorías de paz hasta que él decida sentarse a la mesa con ellos, los exjefes paramilitares dieron algunos detalles de lo sucedido.
Habían pasado 48 horas desde que les notificaron la buena nueva del encuentro, cuando “sin alegar motivo técnico, jurídico o de seguridad, esta cita crucial fue inexplicable y unilateralmente cancelada por instrucción expresa de Otty Patiño, Álvaro Jiménez, María Paz Lara y Rodrigo Rojas”.
SEMANA conoció que la noticia, que les cayó como baldado de agua fría, se las dieron en medio de una reunión virtual. Quedaron atónitos.
De inmediato, los exparamilitares pidieron renunciar a las gestorías de paz a las que habían sido designados el 8 de noviembre de 2024 por medio de la resolución 453 de Presidencia de la República.
Pero uno de sus asesores levantó la mano, llamó la atención sobre lo consideró sería un error y propuso la misiva en la que pedían la suspensión de sus encargos.
En ella expresaron: “durante ocho meses cumplimos cada instrucción escrita y verbal emanada de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Nada se movió, la OCCP no convocó a una sola mesa técnica ni asignó presupuesto. Solo un mes antes de que expirara nuestra gestoría, su equipo apareció a pedir “planes de trabajo” incompatibles con los tiempos o fechas límites fijadas en las propias resoluciones, reflejo de la improvisación, y falta de compromiso de la OCCP”.
Por eso, le expresaron al presidente su decisión de “suspender el encargo conferido, ponerlo a su entera disposición y, en consecuencia, suspender las relaciones con la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (OCCP)”.
Además, le pidieron ser recibidos directamente por él, “en la fecha, hora y lugar que considere conveniente, con el propósito de continuar avanzando en los caminos de reconciliación y en la consolidación de la paz que usted ha liderado”.
También le recordaron que “aún tiene la posibilidad, en su calidad de jefe de Estado, de pisar el acelerador y consolidar la paz, o, si lo considera más conveniente, revocar de manera definitiva las resoluciones que nos designan Gestores de Paz”.
Dos días después de la molestia expresa de los exparamilitares, la Oficina del Alto Comisionado emitió una comunicación en la que asegura no haber contemplado la revocatoria de esas gestorías.
📄Comunicado | Sobre las recientes declaraciones de algunos gestores de paz designados mediante
— Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) June 7, 2025
la Resolución 453 de 2024, prorrogada mediante Resolución 152 de 2025.
🔗https://t.co/7dfM56BYS4 pic.twitter.com/PphcBZKhVh
Incluso aseguraron que han “facilitado su participación en espacio físicos y virtuales, articulando su viabilidad con otras entidades del Estado” y reconocieron el aporte de “algunos gestores de paz” en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, como lo fue el papel de alias don Berna en la entrega de información que ayude en el hallazgo de algunos restos en La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín, como lo reveló SEMANA.
Y reconocieron “el reporte de bienes con potencial para reparación de las víctimas”.
Sin embargo, el escrito no respondía a una pregunta crucial: ¿por qué se canceló la reunión histórica de los 16 exjefes paramilitares?
SEMANA logró hablar con Rodrigo Rojas, el asesor presidencial que está a cargo de esas gestorías, el cerebro detrás de esa operación llamada Cierre de la mesa de Ralito, que busca finiquitar el proceso de paz con los exparamilitares, quien sin titubeos lo contó.
“Desde la Oficina del Alto Comisionado de Paz me pidieron que la aplazara hasta la llegada del nuevo ministro de Justicia”, dijo Rojas.
La decisión enfureció a los exjefes paramilitares. La tensión entre ellos y la Oficina del Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, tiene en vilo la esperanza de las víctimas del conflicto.
En la Sierra Nevada, en Casanare y en Santander esperan indicaciones sobre eventos en los que los gestores de paz darían información del paradero de personas desaparecidas por sus hombres.
En Medellín, don Berna ya había dado las primeras, que resultaron con el hallazgo de los restos en La Escombrera, pero habrá que esperar para ver si Petro se sienta con ellos en la misma mesa. De lo contrario, se hará realidad el vaticinio que a SEMANA le dio una fuente cercana a ese proceso de gestoría de paz: “los exjefes paramilitares acaban de dar una salto al vacío”.