Trámite de licencias mineras en el macroterritorio de los jaguares de Yuruparí queda suspendido

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional ordenó suspender todo tipo de trámite alrededor del licenciamiento minero en el macroterritorio de los jaguares de Yuruparí, en el Amazonas. El alto tribunal alertó un riesgo inminente para los pueblos indígenas que habitan en esa región del país.

Los magistrados Diana Fajardo, Vladimir Fernández y Jorge Enrique Ibáñez, integrantes de esa Sala, protegieron los derechos de cinco autoridades y consejos indígenas, que representan cerca de treinta pueblos amazónicos que forman parte del macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí.

La Corte Constitucional declaró con esta decisión un inminente riesgo de la identidad y la supervivencia de los pueblos indígenas que habitan en esa región de la Amazonia colombiana, tras evidenciar envenenamiento de fuentes de agua con mercurio, amenazas a líderes y falta de articulación entre autoridades para atender cualquier tipo de eventualidad.

Quienes interpusieron la tutela le expusieron a la Corte que desde 1989 evidenciaron cómo los ciclos de explotación de oro, con uso intensivo de mercurio, terminaron contaminando el agua, los peces y a las personas, especialmente a las comunidades que vivían cerca de los ríos Caquetá y Apaporis.

Pero esa no era la única situación con la que vivían, pues en la zona hay presencia de actores armados ilegales, lo que ha terminado afectando la salud física, la medicina tradicional, los sistemas alimentarios y la identidad cultural de los indígenas que habitan en ese sector del Amazonas.

“Las comunidades solicitaron, entre otras cosas, medidas para erradicar la minería, fortalecer su conocimiento ancestral, implementar un sistema de salud con enfoque intercultural, descontaminar sus ríos y proteger sus sistemas alimentarios tradicionales. También pidieron el reconocimiento del macroterritorio como unidad de gestión ambiental”, explicaron desde el alto tribunal.

La Corte declaró que la Gente de Afinidad del Yuruparí está en riesgo frente a su identidad, pervivencia, salud, seguridad, soberanía alimentaria y todo por los efectos que les ha traído consigo la minería, el orden público y los obstáculos para implementar el procedimiento para la conformación de entidad territoriales indígenas.

La Tercera de Revisión también comprobó: “La contaminación por mercurio producida por la minería aurífera ha generado graves afectaciones a la salud, a la identidad cultural y a los territorios ancestrales de estas comunidades, pues los estudios aportados revelaron niveles de mercurio hasta 17 veces superiores a los considerados seguros, tanto en las fuentes hídricas como en los peces y en los cuerpos de los habitantes del macroterritorio”.

Órdenes y remedios

La Corte declaró en su fallo una necesidad urgente de proteger el conocimiento ancestral de los jaguares de Yuruparí, garantizar la conformación de entidades territoriales indígenas, reconocer las competencias de sus autoridades y su macroterritorio como espacio para coordinar las gestiones territoriales y ambientales, y ordenar su protección inmediata.

La Corte también ordenó “la creación de tres instancias de diálogo intercultural, cada una coordinada por un ministerio diferente: para identidad y territorio (Ministerio del Interior), para ambiente y minería (Ministerio de Ambiente) y para salud y seguridad alimentaria (Ministerio de Salud). Estos espacios buscan garantizar la participación efectiva de las comunidades indígenas en la implementación de las soluciones”.

A raíz de esas medidas, se suspendió de inmediato todo trámite de licenciamiento minero en el ese territorio por parte de la Agencia Nacional de Minería y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, hasta que se implementen estrategias efectivas de remediación de las fuentes de agua.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente deberá realizar estudios sobre los niveles de contaminación y deberá diseñar un programa para descontaminar. El ministerio y las secretarías de Salud departamentales también tendrán que implementar de manera urgente brigadas móviles para atender las emergencias y realizar diagnósticos de la población afectada, priorizando mujeres embarazadas, niñas y niños.