Nación
Tres condenados por el caso Pecci fueron trasladados a guarniciones militares por seguridad
Se trata de Margareth Chacón Zúñiga y Andrés y Ramón Emilio Pérez Hoyos. Las autoridades confirmaron el traslado.
Las autoridades le confirmaron a SEMANA que los tres condenados por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci: Margareth Chacón Zúñiga y los hermanos Andrés y Ramón Emilio Pérez Hoyos, fueron trasladados a guarniciones militares por razones de seguridad.
Los condenados
Los hermanos Pérez Hoyos aceptaron cargos en enero de 2023 luego de ser capturados durante la diligencia judicial, en la cual también pidieron perdón por el crimen a la familia de Pecci.
Andrés Felipe Hoyos añadió, después de pedir permiso para dar una información: “Yo sé que fue un error muy grande y no tengo palabras para expresar mis disculpas a la familia Pecci, más a su señora en su estado de embarazo. Estoy muy arrepentido y les quiero ofrecer disculpas”.
Según lo que dijeron, el narcotraficante que ordenó el crimen estaría en La Guajira.
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Los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos fueron capturados en Bogotá y Rionegro, Antioquia, por su responsabilidad en la logística del crimen.
De acuerdo con la propia Fiscalía General, los hermanos fueron “quienes planearon, pagaron y contrataron a los autores materiales del asesinato del fiscal paraguayo”.
De acuerdo con las imágenes de la audiencia compartidas por la Fiscalía General, se registró la respuesta puntual de ambos detenidos frente a las acusaciones: “¿Acepta los cargos?”, preguntó el juez de control de garantías en la audiencia, a lo que Andrés Felipe Hoyos Pérez respondió: “Sí, doctor, yo acepto los cargos”.
Por otro lado, Margareth Lizeth Chacón negó cualquier responsabilidad, a pesar de que sus compañeros de causa terminaron por enredarla. Se declaró inocente.
Durante todo el proceso, Margareth Lizeth Chacón negó responsabilidad, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y se defendió de extremo a extremo; sin embargo, no fue suficiente y una juez la condenó por el delito de homicidio agravado.
Los argumentos de su defensa se quedaron cortos y se expuso a una pena superior a los 40 años de cárcel.
“En ese sentido, una juez de conocimiento de Cartagena emitió sentido de fallo condenatorio en su contra y la declaró responsable de los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”, explicó la Fiscalía luego de conocer la condena.
Según las pruebas aportadas por la Fiscalía, se “evidenció que la mujer asistió a, por lo menos, cuatro reuniones entre el 5 y 8 de mayo de 2022, en las que se definieron detalles de logística, traslado y financiamiento del asesinato. Uno de los encuentros sucedió en Medellín y tres más en Cartagena”, señaló el ente acusador tras la sentencia condenatoria en contra de la mujer.
