Un impactante caso de violencia sexual contra un menor de edad evidencia las fallas para atender este atroz delito

SEMANA conoció el caso de un menor, cuya identidad será reservada por seguridad, quien durante los últimos tres años ha sido víctima de tres actos de abuso sexual de parte de su familia paterna.

En el año 2020, el niño alertó de un acto de abuso sexual de su abuelo paterno, quien fue denunciado y alejado del menor. Su caso continúa en proceso y en diciembre de este año habrá una imputación en su contra.

Desde entonces, el menor ha recibido terapia psiquiátrica y se han registrado retrocesos en su conducta cada vez que tiene visitas del padre; por esa razón, la madre del menor ha intentado mantenerlo alejado de su progenitor.

En mayo del año en curso, luego de compartir un fin de semana con su padre, el menor le relató a su mamá que su papá había hecho lo mismo que su abuelo años atrás, por lo cual la madre entabló una denuncia en contra del padre del menor.

Además, pidió una orden de restricción, la cual fue negada por la Fiscalía y la Comisaría de Familia. La pediatra y la mamá del menor intentaron testificar en el caso, pero dicen que las autoridades no les permitieron ejercer este derecho por diferentes motivos y sin fundamento alguno.

En octubre, la Comisaría de Familia número diez de Medellín decidió que no existió vulneración a los derechos del menor. La abogada en representación de la madre interpuso un recurso de reposición, el cual fue negado a pesar de las pruebas para que el proceso continuara.

Gracias a ese fallo, el padre pudo volver a visitar al menor sin ninguna restricción. Mientras tanto, la fiscal 296 del Caivas archivó el caso en tan solo cuatro días hábiles y sin haber recibido todas las pruebas, como lo indica el proceso. Además, la comisaria del caso amonestó a la madre y la amenazó con que, de no permitir el contacto entre el padre y el menor, le quitarían a su hijo.

De igual forma, la madre relató que en la comisaría nunca creyeron en sus declaraciones y percibió un “maltrato institucional” por parte de la entidad durante todo el proceso.

A raíz del fallo de la comisaría de familia, el padre pudo ver a su hijo sin restricción en noviembre. Cuando el menor volvió a la casa de la madre, realizó deposiciones con sangre, lo que es un signo de un posible abuso.

La mamá del menor lo llevó al hospital, en donde se determinó que en efecto existía un posible abuso sexual en contra del menor. Al ir a entablar la denuncia frente a la Fiscalía, se le informó a la madre que el caso ya estaba archivado y no se podía hacer nada al respecto, a menos de que el menor, de tan solo diez años de edad, declarara que había sido víctima de un abuso.

Recientemente, la madre tuvo una reunión con la coordinadora del Caivas, en donde se estableció una mesa de trabajo para analizar el caso del menor.

La familia busca que, después de tres largos años, se protejan los derechos de este niño, quien ha enfrentado serias secuelas psicológicas a raíz de lo que ha vivido.

El proceso legal continuará su curso y la madre del menor, quien narró todo lo contado previamente del caso, decidió acudir a la opinión pública por las irregularidades que se han presentado en el proceso.

Este caso es solo un reflejo de lo que múltiples familias viven cada año. Una triste realidad que afecta a tantos menores en Colombia y en donde el sistema no da abasto para protegerlos.

Las cifras de violencia sexual, registradas por la Procuraduria, demuestran que mas de 8.000 niños han sido víctimas de abuso sexual en lo transcurrido del año. Para Isabel Cuadros, médica psiquiatra y líder en la defensa de los niños víctimas de maltrato sexual infantil, “hay más registro de los casos, en la medida en que hay más conciencia de que esto es un delito y que ocurre dolorosamente muy cotidianamente”.

Las expertas consultadas por SEMANA concuerdan con las cifras y es que en la gran mayoría de casos el abuso es cometido por algún familiar del menor o por un conocido.

Cuadros explica que, a nivel mundial, las cifras en cuanto a abuso a menores es “45 % familia y 45 % conocidos”. Además recalca que los pedófilos buscan tener a sus víctimas cerca, lo que refuerza aún más las estadísticas.

Victoria Eusse, pediatra infantil y conocedora del caso del menor en Medellín, considera que casos como los relatados ocurren porque “en el sistema no le creen muchas veces al menor”, lo que permite que estos casos se repitan.

La exdirectora del ICBF Cristina Plazas afirma: “A los gobiernos les preocupa más invertir en otros ámbitos, que en las estructura más importante de la sociedad, que es la familia”, en referencia a programas como escuelas para padres, prevención de embarazo y en el sector salud, con enfoque a la salud mental de los niños.

La desinformación de algunos funcionarios ha demostrado ser otro factor importante. Según Cuadros, “la Corte Constitucional sacó una sentencia que dice que no se debe probar el abuso para suspender las visitas y proteger al niño”, la cual los comisarios de familia no acatan. Además, recalca que, a pesar de que la Fiscalía creó una unidad de delitos contra niños, esta es “absolutamente insuficiente”.

La impunidad en los casos de abuso a menores es otro agravante. Se estima, según Cuadros, que “hay un 97 % de impunidad y eso pasa porque no hay suficiente entrenamiento e investigadores de la Fiscalía”.

Los principales afectados por las fallas del sistema siempre serán las niñas, niños y adolescentes. Según Vanesa Sarmiento, psicóloga infantil, tan solo “20 % de los niños que son víctimas pueden sobreponerse” completamente a estos eventos traumáticos.

El sistema para la protección de menores comprende a múltiples entidades, pero es una realidad que muchos de los asignados para proteger a los niños no cumplen con su labor a cabalidad.

Plazas asegura que “hay casos en donde falla el sistema del ICBF, más allá de los defensores de familia, entendiendo que hay algunos buenos, pero hay otros que son unos criminales”.

El caso relatado en este artículo es solo una muestra del estado actual del sistema, en que la omisión de pruebas o de testimonios pueden ser un desencadenante a la repetición de estos abusos. A pesar de que todo el sistema no está en las mismas condiciones, faltan investigadores, capacitación y diligencia de algunos funcionarios para disminuir este atroz crimen contra la infancia.