Unidad de Búsqueda pide a presidente Petro que convierta en política de Estado el hallazgo de desaparecidos durante conflicto armado

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas diseñó un plan estratégico que incluye 23 planes regionales, a lo largo de todo el país, que han involucrado el manejo y abordaje de las fosas y sepulturas donde, eventualmente, tras un detallado análisis, contrastación y verificación por parte de expertos se pueden hallar los restos de las personas cuyos familiares las reportaron como desaparecidas en medio del conflicto armado.

Eso produjo, entre otras cosas, un avance en el Registro Nacional de Fosas, Cementerios y Sepulturas Ilegales, que ha permitido consolidar la depuración de información de un universo de cerca de 100 mil personas que estarían en esa condición; de hecho, el trabajo adelantado por el Plan Nacional de Búsqueda ya permitió la recuperación de 600 cuerpos y la identificación de ocho personas.

“Este es un escenario que puede no ser comparable en términos de dimensión numérica de las personas desaparecidas, y geográfica de la dimensión que tiene este país, que es absurda, que es vergonzosa, que es horrorosa, pero que demanda una respuesta también de esa misma dimensión”, señala Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Para cumplir a cabalidad con el desafío, y para continuar con el plan estratégico que ha sido destacado como uno de los más ejemplares en el mundo, la entidad requiere garantizar los recursos que le permitan que el trabajo tanto en campo como en el análisis de los restos recuperados, continúe su marcha.

Por eso, la Unidad, en su intención de encontrar respuestas a los familiares de las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado, y con base en un trabajo metodológico, requiere la financiación que permita la consolidación de los planes regionales de manera sostenida.

Su intención es el reforzamiento de líneas de acción prioritarias “que sustenten un sistema de búsqueda de personas que articule los esfuerzos del Estado en favor de la agilización de las respuestas a las víctimas que satisfagan su derecho a la verdad y la reparación. En este sentido, cumplir con las orientaciones que organismos internacionales, a los cuales está vinculado jurídicamente el Estado colombiano, garantizando los derechos de las víctimas”.

De tal manera, le pidió al Gobierno nacional que contemple la posibilidad de convertir el plan estratégico y a todas sus actividades en una política de Estado, que garantice que lo que va por buen camino continué hasta satisfacer el derecho pleno a la verdad de los familiares de las víctimas, representado, entre otras cosas, en la recuperación, identificación y entrega de los restos de sus seres queridos.

“Una política pública que asegure no solamente que todas las instituciones contribuyan y aporten al desarrollo de estos planes regionales, a través de los cuales se concreta este Plan Nacional, sino que también facilitad la agilidad de las respuestas a las familias, que al final son la satisfacción de los derechos de las víctimas”, explica Monzón.

En la práctica eso significa, entre otros muchos desafíos, dotar a los expertos que trabajan en campo y a Medicina Legal de herramientas tecnológicas y equipos especializados que permitan que su labor sea más rápida y eficiente, de manera que puedan recuperar, clasificar e identificar los restos hallados, de manera que cuando los entreguen a los familiares haya plena certeza de lo que se hace.

Por otro lado, un reto adicional es lograr que sean protegidos aquellos lugares que hoy son cementerios o sepulturas informales y que están a punto de desaparecer por cuenta del ordenamiento territorial de muchos municipios que pretender acabar con ellos para construir parques, lo cual implicaría acabar con la evidencia que podría ayudar a identificar los restos.

“La Unidad viene insistiendo, tanto a nivel de Planeación Nacional como ante el Ministerio de Justicia, que dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo quede la búsqueda como una prioridad, y que la búsqueda sea articulada también a la visión en el marco del sistema integral, a la ejecución y el contenido de las sanciones propias; y por eso esperamos que el Plan Nacional incorpore estas líneas estratégicas como prioridad del Estado”, acota la directora.