Unidad de Víctimas habría destinado $692 millones a personas reportadas como fallecidas

Cerca de 692 millones de pesos habrían sido girados a la Unidad de Víctimas a personas que ya habían sido reportadas como fallecidas. Esta notable irregularidad se encuentra ya en la mira de la Contraloría General de la República que abrió un proceso de responsabilidad fiscal.

En la investigación se determinó que los giros a los operadores bancarios fueron dirigidos a “beneficiarios fallecidos con anterioridad a la fecha de la transferencia”. Es decir, no se puede hablar de una terrible casualidad o de una falla en el sistema.

El organismo de control fiscal indicó que se presentaron “graves discrepancias” entre los nombres y números de cédula de los beneficiarios que tenía la Unidad Nacional de Victimas frente a la información que ya había enviado la Registraduría Nacional del Estados Civil, motivando así una falla en los giros.

En el informe se advierte que, de manera inusual, se realizaron los respectivos giros y luego se adelantó el acto administrativo para el reconocimiento de los mismos. En palabras simples, primero se envió el dinero y luego se adelantó todo el procedimiento para ver quién o quiénes eran los beneficiados.

La Unidad no pudo explicar -reseña la Contraloría- porqué se adelantó este trámite así. “Uno de los hallazgos más destacados tiene que ver con la incapacidad de la Unidad para soportar actuaciones administrativas de su competencia durante largos períodos de tiempo, ocasionando un recorte del alcance de la labor de control fiscal y poniendo en riesgo el adecuado control sobre sus procesos y el manejo de los recursos públicos”.

Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto, explicó que el organismo encontró tres graves falencias de la Unidad de Víctimas: deficiente manejo administrativo en las bases de datos en las que se soportan los giros que se les hacen a las personas del Registro Único de Víctimas; la Unidad realizó actos administrativos para legalizar los giros que se hicieron a los bancos posterior a la emisión de los mismos, y deficiencias entre las bases de datos de la Registraduría de las personas fallecidas versus el estado de esas mismas personas en el Registro Único de Víctimas.

”Seguiremos haciendo un análisis y control específico al Registro Único de Víctimas y a los giros que se hacen de la platica de los desplazados y más necesitados del país”, precisó Gualdrón.

Irregularidades de vieja data

Desde el año 2020 se prendieron las alarmas sobre las irregularidades que se estarían presentando en el manejo de los recursos de la Unidad de Víctimas tras encontrar pagos injustificados y sin un soporte financiero claro.

La Contraloría Delegada para el Posconflicto encontró, solamente para el segundo semestre de 2021, nueve hallazgos administrativos: ocho con presunta incidencia disciplinaria, siete de carácter penal, dos para solicitud de investigación preliminar por una cuantía cercana a los 33 mil millones de pesos y uno para un proceso administrativo. Cinco de estas irregularidades tendrían un valor cercano a los 692 mil millones de pesos.

El contralor General, Felipe Córdoba, ya había advertido que la reparación integral a las víctimas del conflicto armado tendría “esfuerzo fiscal” de 328 billones de pesos para el año 2031.

Entre los años 2012 y 2021, según un informe, se entregaron 107 mil subsidios de vivienda con el fin de darles condiciones dignas a las personas que tuvieron que abandonar a sus regiones por el flagelo del conflicto armado.