Urgente: abogados de Marelbys Mesa, exniñera de Laura Sarabia, piden a la CIDH que le otorgue medidas cautelares. El riesgo que vive es “inminente”

El caso de Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia que fue chuzada arbitrariamente y luego perseguida, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los abogados Iván Cancino y Victor Mosquera acaban de pedir en esa instancia que se le otorguen a la humilde mujer medidas cautelares.

“La señora Marelbys Meza es una mujer de 51 años de edad, de origen humilde, que durante los últimos años de su vida se ha desempeñado como niñera y empleada doméstica de altos funcionarios del actual Gobierno de Colombia, llegando a ser una empleada de confianza”, cuentan los abogados en su petición.

Aseguran que en este momento la mujer está “frente a una grave situación que puede tener un serio impacto por acción u omisión sobre sus derechos protegidos a la vida e integridad personal, estableciéndose un escenario de irreparabilidad sobre sus derechos”.

La petición narra la historia completa de lo que ha vivido Marelbys. Cuenta cómo la mujer le contó a SEMANA el padecimiento que ha vivido desde que, cuando trabajaba como niñera en la casa de Laura Sarabia, se perdió una plata. Y que, producto de su testimonio, se produjo un tsunami que generó la caída de su exjefe del cargo que tenía y también del exembajador Armando Benedetti.

Detalla también que, desde el robo en la casa de Sarabia, a Marelbys la llevaron sin orden judicial a un sótano frente a Casa de Nariño, la acusaron de ladrona, la amenazaron con llevarla a la cárcel —pese a que escondían el caso de la justicia y se lo tomaron por cuenta propia—, la incomunicaron y le dijeron falsedades, como que ellos podían allanar su casa y la de sus hermanos.

Luego, tras estallar ese escándalo, la Fiscalía dio a conocer que también la chuzaron y que para darle una apariencia de legalidad a ese procedimiento la hicieron pasar como una criminal del Clan del Golfo para que un juez autorizara oír su teléfono. “Alias la Cocinera”, le decían.

Era tan claro que ella no pertenecía a semejante organización criminal que el mismo investigador de la Dijín “pidió suspender la actividad porque no arrojaba información sobre el Clan del Golfo y se escuchaban conversaciones personales”.

Los hechos que han rodeado la situación también son incluidos en la petición. “El coronel Óscar Dávila, quien fue el funcionario encargado de las interceptaciones ilegales a la señora Marelbys Meza, fue encontrado muerto en extrañas circunstancias, 10 días después de que se conociera el escándalo mediático de la prueba del polígrafo realizada a la señora Marelbys Meza”.

Y también narra el regreso de Sarabia al Gobierno. “El 4 de septiembre de 2023, a pesar de encontrarse siendo investigada por haberse valido del servicio de inteligencia de la Presidencia para forzar a la propuesta beneficiaria a practicarse una prueba de polígrafo, la señora Laura Sarabia fue designada por el Presidente de la República como la nueva Directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Llama la atención que la principal implicada en este escándalo haya sido llamada por el Presidente de la República para que maneje altos presupuestos del Estado de Colombia. Es importante resaltar que este departamento era dirigido por la señora Cielo Rusinque, quien el Presidente había nombrado como Jefe de Gabinete en reemplazo de Laura Sarabia. El Departamento para la Prosperidad Social en Colombia cuenta con un presupuesto de 10,03 billones de pesos, estando por encima del monto designado para 15 ministerios”.

Agrega que, luego de ser nombrada, Sarabia acudió a las instalaciones del Búnker de la Fiscalía a la citación que le fue efectuada a efectos de rendir interrogatorio. “Sin embargo, por su reciente nombramiento en el cargo de rango ministerial, adquirió un fuero constitucional como alta funcionaria y la competencia de su investigación fue delegada ante el fiscal delegado para la Corte Suprema de Justicia”.

Al final, los abogados concluyen: “La señora Marelbys Meza se encuentra en un grave estado de riesgo, pues teme que se tomen represalias en contra de su vida e integridad por haber testificado y hecho de público conocimiento que fue víctima de interceptaciones ilegales, falsas acusaciones y arbitrarias pruebas al polígrafo, por parte de altos funcionarios del actual Gobierno de Colombia, y especialmente teme que arremetan en contra suya y de su familia por señalar e individualizar a quienes estuvieron inmersos en este hecho”.