Uribe, a versión libre por masacre de El Aro; Corte reactiva investigación

El 14 de agosto, días antes de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez renunciara a su curul en el Congreso, la Corte Suprema de Justicia ordenó una extensa lista de pruebas en otro de los casos que ronda al exmandatario. Con un extenso auto de 71 páginas, el Alto Tribunal revivió la indagación preliminar que avanza por la masacres de El Aro, Ituango y el asesinato del líder social Jesús María Valle.

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El documento cita a declarar en versión libre al expresidente el próximo 16 de septiembre, así como ordena practicar declaraciones de los exparamiltiares: Ramiro, Cuco, Vanoy; Carlos Enrique Vélez; Ever Veloza alias H.H.; Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, y Juan Carlos ‘el Tuso‘ Sierra. También del ex fiscal general Eduardo Montealegre así como del exvicefiscal Jorge Perdomo.

Dos días antes de escuchar a Uribe, la Corte programó una apretada agenda de declaraciones. Para los días 14 y 15 de septiembre tendrán que comparecer  Juan Guillermo Monsalve, Santiago Gallón Henao, Freddy Rendón Herrera, alias el Aleman; Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario; Diego Fernando Murilo, alias Don Berna y Rito Alejo del Rio. Dos de estas versiones, la de Don Mario y la de Don Berna, se tendrán que practicar con conexión a cárceles de Estados Unidos.

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El auto, firmado por el magistrado César Reyes, ordenó la inspección a varios procesos judiciales, entre ellos el de Jesús María Valle en Medellín; los procesos disciplinarios seguidos contra el mayor general Carlos Ospina Valle, excomandante de las Fuerzas Militares, y el teniente capitán Germán Morantes Hernández, excomandante de infantería del Batallón Vélez.

Se pide una caracterización que incluya detalles actualizados de su ubicación, situación personal y familiar, el estado procesos jurídicos, así como las condiciones en que algunos de estos resultaron muertos. La lista la integran 150 personas y entre los nombres están Pedro Juan Moreno, Santiago Gallón, Luis Alberto Villegas, Wilser Darío Molina Molina, Jaime Jaramillo Panesso, Juan Carlos Meneses, Rito Alejo del Río, Rodrigo Mercado Peluffo, Hernán Giraldo, Freddy Rendón Herrera, entre otros.

En contexto: 

El magistrado pidió al Ministerio de Defensa toda la información sobre varios oficiales y exoficiales sindicados de apoyar a los paramilitares. El listado lo encabeza el general Flavio Buitrago, exjefe de seguridad de Casa de Nariño durante el Gobierno de Álvaro Uribe. Le siguen Juan Carlos Meneses, Alexánder de Jesús Amaya Vargas, Alfonso Manosalva, Armando Pérez Betancourt, Rito Alejo del Río, entre otros. 

La Corte reclamó copia de las declaraciones que hubieran entregado varios exparamilitares respecto al expresidente Uribe. Se refirió en específico a las versiones de Pablo Hernán Sierra, Juan Guillermo Monsalve, Rodrigo Mercado Peluffo, Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo Bejarano, Néstor Abad Giraldo Arias, Calvos Mauricio García Fernández, alias Doble Cero; Juan Carlos Villa Saldarrieaga, alias Movil Ocho; Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco; Carlos Fernando Mateus Morales, alias Paquita; Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus; Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, entre otros paramilitares. 

El proceso

El documento comienza por hacer un recuento del truncado proceso que arrancó el 16 de mayo del año 2.000 en la Fiscalía General de la Nación. El caso arrancó como consecuencia de una compulsa de copias de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía por una supuesta conducta omisiva de Uribe cuando era gobernador de Antioquia.

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En dicha compulsa se le cuestionaba por las condiciones que rodearon la masacre en Ituango (Antioquia) en 1996, perpetrada por un grupo armado al margen de la ley. Aunque en principio, la Fiscalía se inhibió para investigar al expresidente al considerar que no había mérito, once años después, el 28 de enero del 2013, la Fiscalía 6 delegada ante la Corte Suprema ordenó revocar la decisión inhibitoria al tener en cuenta una denuncia del senador Iván Cepeda. 

Dicha denuncia estaba dirigida contra Uribe, su hermano Santiago Uribe, y los señores Juan Guillermo Villegas y Santiago Gallón Henao por la conformación del bloque Metro de las Autodefensas. Como soporte de su denuncia adjuntó el debate de control político citado por Cepeda en la Cámara de Representantes. Contiene además una entrevista de Luis Enrique Serna Henao el 2 de mayo del 2000, en la cual vincula al expresidente con la conformación del grupo paramilitar en la finca Guacharacas; y una declaración en el mismo sentido de Pablo Hernán Sierra, preso en Cómbita, que señala además la ocurrencia de dos masacres en San Roque (Antioquia) por órdenes de los hermanos Uribe. 

Esta misma evidencia pasó el 25 de noviembre del año 2014 a la Corte Suprema de Justicia, después de que Uribe Vélez salió electo al Congreso. El reparto le correspondió al exmagistrado Gustavo Malo, quien afronta un juicio por corrupción ante la Sala de Instrucción de la misma Corte Suprema de Justicia.

En la Corte, a este expediente se le acumularon varias indagaciones que se adelantaban en la misma corporación y en la Comisión de Acusaciones, en donde se señalaba la responsabilidad del expresidente en la creación del fenómeno paramilitar durante la gobernación de Antioquia. Entre los expedientes que se juntaron, está el que investiga el crimen de Jesús María Valle, el 27 de febrero de 1998.  

Las masacres de El Aro, San Roque e Ituango, así como el asesinato de Jesús María Valle fueron declarados de lesa humanidad, por lo cual no tienen fecha de prescripción. Este expediente fue trasladado a la recién creada Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y quedó en manos del magistrado César Reyes, quien ya ha hecho varias actuaciones dentro del mismo. 

Esta orden de pruebas incluye la inspección de decenas de expedientes, declaraciones de testigos en Colombia y Estados Unidos, la recolección de antecedentes judiciales de diferentes personalidades, entre muchas otras evidencias. No obstante, con ocasión de la renuncia de Uribe al Congreso, solo podrá ser cumplida a cabalidad en tanto el caso siga estando en poder de la corte. En caso de que se decida su envío a la Fiscalía, serán nuevos investigadores los encargados de disponer acciones frente a la recolección probatoria.