Víctimas del atentado al Club El Nogal tocarán las puertas de la CIDH para exigir una condena contra el Estado

Las víctimas del atentado al Club El Nogal no quedaron para nada satisfechas con el reciente fallo del Consejo de Estado que tumbó la condena que existía en contra de la Nación, representada en los Ministerio del interior defensa así como la Fiscalía General, la Policía Nacional y el DAS, por las omisiones que se presentaron y que permitieron que la guerrilla las Farc ejecutara el atentado terrorista en la noche del 7 de febrero 2003.

Debido a esto, SEMANA conoció que las víctimas acudirán en los próximos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir que revisen el caso y emitan la respectiva sentencia contra el Estado por acción y omisión.

Las víctimas, representadas por el abogado Jairo Herrera Pérez, sostendrán que debe emitir una sentencia contra el Estado al no haber tomado medidas de seguridad en el exclusivo club ubicado en el norte de Bogotá. Esto si se tiene en cuenta la situación de orden público que vivía el país en esos momentos y el hecho que en ese lugar eran continuas y comunes las visitas de los ministros del Interior, Fernando Londoño Hoyos; de Defensa, y Marta Lucía Ramírez, quienes tenían varias amenazas por parte de ese grupo guerrillero y eran un “objetivo” por parte del grupo subversivo.

Con los registros de visitas expedidos por el mismo club, el abogado insistirá que dentro de las instalaciones de El Nogal eran frecuentes las visitas de varios funcionarios públicos y altos mandos del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quienes con anterioridad habían recibido amenazas por parte de las Farc e incluso habían sido víctimas de atentados en contra de su integridad personal, situación que le exigía a las directivas del hotel y al mismo Estado tomar medidas de fondo para proteger la vida no solamente de las personas que ingresaban al Club sino a los vecinos del mismo.

Estas omisiones pusieron en riesgo a los cientos de personas que visitaban dicho Club y a los vecinos del mismo, recordando que en sus inmediaciones había varios edificios residenciales, locales comerciales e incluso centros educativos y médicos.

En la petición se señalará que es desconcertante que el Consejo de Estado haya concluido que por el hecho que los dos ministros anteriormente mencionados no estuvieran el día del atentado no existe una responsabilidad del Estado como tal. Por eso insistirán en que existieron situaciones de riesgo mayor.

Igualmente, cuestionarán el hecho que dos de los conjueces que firmaron la trascendental decisión asumieron la delegación cinco días antes de que se revocara la condena contra la nación, cuestionando el hecho que todo se hizo de manera exprés y sin tener en cuenta la evidencia probatoria que se ha recolectado durante décadas.

Debido al hecho que por 20 años no se ha emitido ninguna condena y, por lo tanto, no se ha concluido ninguna responsabilidad frente a estos hechos, le pedirán al organismo internacional que revise con sumo cuidado las pruebas documentales y testimoniales.