Víctimas del escándalo de la UNGRD advierten dilaciones de Sandra Ortiz para “escapar” de su acusación

La fiscal Luz Adriana Camargo dejó en claro la posibilidad que tienen las personas procesadas por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): puede haber negociación, pero en cualquier caso habrá condena. Las víctimas de este caso aseguraron que el aplazamiento de Sandra Ortiz, en su acusación, es una nueva dilación.

El abogado Pablo Bustos, representante de comunidades en La Guajira, aseguró que mientras la exfuncionaria busca una negociación con la Fiscalía, el tiempo pasa y la sombra de la dilación se empieza a asomar en el proceso. Pide a la justicia acelerar las decisiones.

Sandra Ortiz, la exconsejera para las Regiones del presidente Gustavo Petro, está imputada y con una medida de aseguramiento. Privada de la libertad, busca, aunque lo niegue su defensa, alguna forma de negociación con la Fiscalía. Para este miércoles, 5 de marzo, estaba proyectada la acusación en su contra, pero pidió un aplazamiento.

El juzgado, que quedó a cargo de escuchar la lectura del escrito de acusación de la Fiscalía, recibió una solicitud del abogado de Sandra Ortiz con la firme intención de conseguir un aplazamiento de la diligencia. Y lo lograron, ya que la audiencia se corrió casi un mes.

Sandra Ortiz tendrá hasta el 10 de abril para concretar cómo será la negociación con la Fiscalía. Las puertas de un acuerdo de colaboración, con aceptación de cargos siempre, según fuentes del ente acusador, estuvieron abiertas para la exfuncionaria que terminó judicializada.

La Fiscalía entregó detalles de cómo la exconsejera para las Regiones del presidente Gustavo Petro terminó metida en semejante enredo judicial con las implicaciones que ahora la tienen privada de la libertad y que estuvo a punto de enviarla a la cárcel, de no ser por su defensa, que advirtió el riesgo que corre y la necesidad de garantizar su seguridad.

“Lo anterior permite inferir más allá de toda razonabilidad sobre las gestiones adelantadas por Sandra Ortiz para generar un escenario de confianza, previo a la entrega del recurso, y que garantizaría el cumplimiento del acuerdo criminal. En estos audios se evidencia cómo Sandra Ortiz solicitó la adición del contrato del Atlántico a favor del senador Iván Name”, advirtió la fiscal María Cristina Patiño.

Ante jueces de control de garantías la Fiscalía presentó los elementos de prueba en contra de la exfuncionaria, la forma en que ella supuestamente llevó 3.000 millones de pesos, en sobornos, al entonces presidente del Senado, Iván Name y que salieron de los millonarios contratos firmados en la UNGRD, con la supuesta y falsa promesa de llevar agua a La Guajira.

“La Fiscalía radicó solicitud de audiencia de imputación en contra de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. La audiencia se realizará el viernes 29 de noviembre. En las diligencias también se solicitará la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad”, advirtió el ente acusador.

La negociación para Sandra Ortiz, más que una estrategia de defensa, a esta altura del proceso parece una necesidad. Los testimonios de los principales protagonistas en este escándalo la dejan con pocas posibilidades de escapar de un escenario corrupto, el más complejo del gobierno del presidente Gustavo Petro.