Debate
Vive Claro: SEMANA visitó las obras del nuevo escenario y revisó los documentos que soportan su legalidad. No es humedal ni reserva ambiental
SEMANA conoció los documentos detrás de las denuncias por daño ambiental que estaría causando la construcción. Concejales y la comunidad dicen que rompe la estructura ecológica de la ciudad; sin embargo, Ocesa demuestra que tiene todo en regla.


La construcción del escenario multipropósitos Vive Claro, ubicado entre la calle 53, la calle 26 y la carrera 60, en el occidente de Bogotá, se ha convertido en el epicentro de una disputa ambiental entre la comunidad del sector, algunos concejales de la capital y Ocesa Colombia, la empresa promotora encargada del proyecto.
Lo que sería un nuevo distrito cultural, aparte del gran pabellón para exposiciones que ya está en funcionamiento, contempla un escenario para conciertos construido con estructuras removibles que tendrá capacidad para más de 40.000 asistentes y un espacio para cerca de 1.000 parqueaderos.
El terreno, que configura el punto neurálgico de la pelea, es propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca, y fue arrendado para su explotación por cinco años a la multinacional mexicana de espectáculos. Los equipamientos que allí se están construyendo son los mismos que se han usado para la Fórmula 1, los Juegos Olímpicos de verano y de invierno, y varios montajes de artistas internacionales en diferentes partes del mundo.
Pero aquí la pelea es netamente ambiental. De un lado, los vecinos aseguran que el nuevo recinto para eventos está impactando “negativamente su calidad de vida” debido a los altos índices de ruido y los bloqueos en la movilidad que genera el alto flujo de visitantes. Por otro lado, los concejales Quena Ribadeneira, del Polo Democrático, y José Cuesta Novoa, del Pacto Histórico, argumentan que Ocesa está interviniendo sin permisos ni licencias una zona catalogada como humedal y que dicha construcción estaría rompiendo la estructura ecológica principal del parque Simón Bolívar.
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Este enfrentamiento, que no es nuevo, ha estado marcado por una gama de zonas grises que tienen que ver con la falta de claridad sobre el uso que las administraciones distritales han definido a lo largo de los años y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para ese predio. Colectivos ambientales como Humedales Bogotá aseguran que ese terreno de 26 hectáreas sí es una zona de humedal, pero que cuando la Alcaldía de Bogotá, en tiempo de la Bogotá Humana, hizo el estudio, “lo realizó de ojo, sin hacer pruebas científicas ni tomar muestras del suelo”.
Sin embargo, un documento conocido por SEMANA, que data del 25 de julio de 2013, suscrito por la Secretaría de Ambiente cuando el presidente Gustavo Petro era alcalde de la capital, confirma que no se halló evidencia técnica para catalogar ese predio como un humedal porque “el lugar no cumple con las características de ecosistemas de humedal” porque los empozamientos de agua no son naturales, sino producto de la lluvia.
Más adelante, en ese mismo documento también se advierte que no hay evidencia para decir que el predio donde se construye el Vive Claro tiene conectividad hidráulica con el Parque Metropolitano Simón Bolívar, debido a que los cuerpos de agua son artificiales. Lo que sí dice ese concepto es que, si así se quisiera, el terreno podría ser reenfocado con un uso que mejore la calidad ambiental de la ciudad.

¿Sin licencias?
En respuesta a un derecho de petición elevado por esta revista ante la Secretaría de Ambiente de Bogotá, esa entidad ratificó el concepto emitido en 2013. Además, aseguró que en 2024 se adelantaron nuevas visitas técnicas que, nuevamente, confirmaron lo que ya se sabía y que, en efecto, sí se emitieron los permisos ambientales a Ocesa Colombia para adelantar el proyecto.
“Se le otorgaron permisos a Ocesa Colombia para el manejo silvicultural, autorizando la conservación de 145 árboles y la tala de 85 ejemplares con la imposición de una compensación ambiental de siembra de 509 árboles de 27 especies diferentes que deberán ser sembrados en el predio”, respondieron desde la cartera de Ambiente.
Luz Ángela Castro, CEO de Ocesa Colombia, habló con SEMANA sobre la situación que enreda al escenario Vive Claro y aseguró que el proyecto tiene “solidez técnica y jurídica” y que, lejos de ser una apuesta que va en contravía del medioambiente, es, por el contrario, una en la que se están recuperando 180.000 metros cuadrados de zonas verdes en las que se van a sembrar 9.242 árboles, arbustos y jardineras, y en la que se hizo un diseño paisajístico que permite la circulación de público, pero también la permeabilidad hidráulica de la tierra.

“Más que debatir, este es un gran proyecto de Bogotá para Colombia y de Colombia para el mundo. Estamos en regla. Tenemos todas las fortalezas técnicas y estamos basados en el potencial real que tiene el país para proyectar la industria del entretenimiento”, señaló.
Pese a esas claridades, lo cierto es que sobre el Vive Claro, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá pesa una acción popular interpuesta por la concejal Quena Ribadeneira y la edil de Teusaquillo, Mónica Naar, que fue aceptada por el juzgado 34 administrativo del Circuito de Bogotá en 2024. Además, se recolectaron más de 1.000 firmas para que la Secretaría de Gobierno priorice la entrega y haga público el expediente del proyecto, como lo confirmaron desde la oficina de prensa de la concejal.
Sin embargo, en medio de todo este cruce de acciones y declaraciones, SEMANA conoció otro documento, fechado el 6 de mayo de 2024, que corresponde a un acta de visita técnica y de control urbanístico realizado por la Alcaldía Local de Teusaquillo al predio.
En ese documento se constata que Ocesa Colombia entregó ocho documentos que certifican la legalidad de la construcción: el concepto de uso de la Curaduría Urbana n.° 3, el concepto del Ministerio de Vivienda, Circular sobre estructuras livianas, el acta 179, Ministerio de Vivienda sobre movimiento de tierras, ficha técnica predio Ocesa, mesa técnica de Ocesa del 8 de mayo de 2024, respuesta del IDU y la respuesta de Planeación a la petición de predios del Centro Bolivariano-Plan Maestro Parque Metropolitano Simón Bolívar.
Aunque en ese momento para la Inspección de Policía esos documentos no fueron suficientes para probar que la construcción sí contaba con todas las licencias y ordenó el sellamiento preventivo de la obra, lo cierto fue que Ocesa luego pudo demostrar que estaban en regla con lo solicitado y demostró que tanto la Curaduría como Planeación, en oficios enviados, aseguraron que no se necesitan licencias especiales de construcción para la obra del Vive Claro.