Nación
Vladimir Fernández, el polémico magistrado salpicado por Sandra Ortiz, rechazó demanda contra la consulta popular de Petro
El togado fue el exsecretario jurídico del jefe de Estado y apareció mencionado en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En medio del escándalo que lo sacude por las revelaciones de SEMANA con la entonces secretaria para las regiones de la Presidencia Sandra Ortiz, el exsecretario jurídico de la Presidencia y ahora magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, tomó una decisión que se convierte en una nueva polémica: rechazó la demanda contra la consulta popular que propuso su exjefe, el presidente Gustavo Petro.
“Por las razones expuestas en esta providencia, RECHAZAR la demanda presentada por el ciudadano Duverney Ardila Germán de Ribón contra la convocatoria a consulta popular anunciada por el presidente de la República (sic)”, dice la decisión emitida por el despacho de Fernández.
El documento de cinco páginas emitido por el despacho de Fernández aclaró que la demanda contra la consulta popular no es de carácter constitucional, por lo que la Corte Constitucional no es la competente para conocer ese proceso.
El documento firmado por el exsecretario jurídico de Petro también señaló: “Es claro para este despacho que las apreciaciones expuestas por el demandante no suscitan una discusión de carácter constitucional. En esta fase incipiente del proceso de participación, el propósito del actor no puede ser el de contrastar el contenido normativo de la Constitución con el procedimiento seguido para la convocatoria y realización del mecanismo de participación popular”.
Lo más leído
Fernández también consideró que el demandante acudió a “apreciaciones subjetivas” para controvertir las decisiones presidenciales que se tomaron para ese momento, pero serían ajenas al control constitucional en la Corte.
“Es importante insistir en que el actor parte de premisas que no se desprenden de una entidad normativa objetiva: como que mediante el citado mecanismo el Gobierno pretende ‘usurpar las funciones del Congreso’ y ‘afectar la separación de poderes y reemplazar el proceso legislativo’”, explica el documento.
Esta decisión de Fernández se conoció días después de que SEMANA revelara los chats entre Sandra Ortiz y Vladimir Fernández, en los que quedaría en evidencia cómo se utilizó la plata corrupta de la UNGRD hasta para, presuntamente, comprar su elección como magistrado de la Corte Constitucional que hoy integra.
El exsecretario jurídico de la Presidencia fue el mismo magistrado que logró suspender la investigación que avanzaba en el Consejo Nacional Electoral contra la financiación a la campaña presidencial de Gustavo Petro, hasta que no se resuelva el conflicto de competencia que existe con la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el fuero presidencial.
