Comerciantes en Tolú, Sucre, en la quiebra. Hay poca venta, inseguridad y demolición de locales

Sin apoyo y al borde de la quiebra, así dicen sentirse los comerciantes de una zona de Tolú, en el departamento de Sucre, donde por estos meses las ventas han decaído de manera exponencial, la inseguridad los amenaza y la nueva directriz de la administración de demoler una zona los ha dejado sin locales.

Son más del 90 por ciento de los comerciantes que aseguran estar en la quiebra, y la cifra que acribilla las ventas es de menos de un 50 por ciento comparado con años y hasta hace unos meses.

En la antigua zona conocida como ‘San Andresito’ los comerciantes fueron desalojados y el espacio fue demolido para la construcción de un nuevo proyecto, al parecer, por orden de la administración municipal y es precisamente ese gremio el que dice estar mayormente afectado.

“Uno de los problemas más graves que enfrentamos son los constantes robos de nuestra mercancía. Los delincuentes ingresan a nuestros locales y se llevan lo que encuentran”, dicen algunos de los afectados.

Por lo anterior, los comerciantes han realizado protestas en busca de respuestas por parte de las autoridades municipales, pues aseguran que un día cualquiera llegó maquinaría a la zona y comenzó la demolición de estructuras que tenían 35 años de servir como resguardo del comercio.

El gremio de comerciantes en la capital del Atlántico también atraviesa una situación similar y volvieron a hacer un llamado a las autoridades por los casos de extorsión que se siguen registrando en la ciudad, pese a las capturas de la Policía Metropolitana y los operativos de control que realizan demás autoridades frente al tema.

Los comerciantes no desconocen los esfuerzos de las autoridades distritales por erradicar el fenómeno que ha causado gran problemática en Barranquilla, sin embargo, aseguran que la problemática ha escalado tanto hasta llegar a ser un tipo de “desplazamiento urbano”, en donde los negocios deben trasladarse constantemente de ubicación para evitar ser amenazados.

Lo anterior también ha llevado a que muchos locales cierren sus puertas y que hasta ahora no hayan podido retomar sus labores, tras hechos violentos, ataques con arma de fuego a las fachadas, hallazgo de explosivos y hasta el caso de un local incinerado.

Uno de los sectores más afectados en las últimas semanas han sido las peluquerías y barberías y algunos han dicho que han migrado a prestar servicios a domicilio y escondidos para evitar ser presa fácil de la delincuencia.

“Los cierres se están dando de manera impresionante, eso nos tiene preocupados. Hay colegas en situaciones de salud bastante complicadas, a los que se les sube la presión o el azúcar por las intimidaciones”, manifestó Alfredo Escalante, miembro del gremio.

En allanamientos simultáneos realizados en ocho centros de reclusión del país, las autoridades pudieron identificar que estos serían los posibles lugares desde donde se ordenarían los cobros ilegales e intimidarían a las víctimas por medio de teléfonos.

Los hallazgos se dieron en las cárceles ubicadas en Bogotá, Cartagena, Popayán, Barranquilla e Ibagué. También en municipios de Antioquia, Valle del Cauca y Santander.

En esos sitios se encuentran privados de la libertad supuestos integrantes de bandas delincuenciales que se sostienen con el pago de las extorsiones que provienen del departamento del Atlántico.

Funcionarios del Gaula de la Policía Nacional, el Inpec y la Fiscalía inspeccionaron las celdas de Negro Ober, Niño Buitre, Caín, Happy, Tommy Masacre, Cachetes, Fabianis, JJ, Oton, 07, Hormiga, Bindi y Andi.

Allí encontraron 28 teléfonos con su respectiva tarjeta SIM. Además, ocho agendas que contenían el listado de números celulares de las posibles víctimas de la extorsión. Entre los apuntes, quedaron al descubierto las cuentas bancarias donde era consignado el dinero.

“Los celulares incautados, así como las agendas, son analizados en busca de elementos materiales probatorios que permitan imputar nuevos delitos a los principales actores criminales que los tenían en su poder”, reportó la Policía Nacional.

Frente a este panorama, la institución reiteró la importancia de abstenerse de pagar las exigencias económicas, dado que robustecen el accionar de las organizaciones delincuenciales. Por el contrario, se recomienda instaurar la denuncia ante el Gaula.