Barranquilla
Compulsan copias al polémico juez Ángel Monroy por frenar audiencias de robo de tierras en Atlántico
Este juez también dejó libres a dos peligrosos criminales del Clan del Golfo, lo que provocó que Álex Char, alcalde de Barranquilla, mostrara su inconformidad.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla ordenó compulsar copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, para que investiguen disciplinariamente al juez Ángel Augusto Monroy Rodríguez, titular del Juzgado 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla.
La determinación se dio luego de que el togado rehusara su competencia en un caso de presunta corrupción que involucra a 16 personas, entre ellas el exalcalde de Soledad, Álex Manuel Ahumada Díaz.
Según lo que dice el documento conocido por SEMANA, el juez Monroy Rodríguez decidió apartarse del conocimiento de las diligencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, alegando que los procesados no formaban parte de un grupo delictivo organizado (GDO) ni de un grupo armado organizado (GAO).
Sin embargo, el Tribunal reprochó que esta decisión fue “precipitada” y tomada “antes de surtirse la audiencia de formulación de imputación”, contrariando los requisitos procesales establecidos.
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En uno de los apartes más fuertes, el Tribunal dijo que la actuación del juez “afecta directamente el deber de celeridad que le asiste, así como también obstaculiza su obligación de llevar a cabo la formulación de la imputación y la consecuente diligencia de medida de aseguramiento”, y advirtió que su proceder “puede dar al traste por dilación injustificada del procedimiento con la privación de la libertad de los indiciados”.
La Sala Penal consideró que el juez se apresuró al apartarse del caso sin que la Fiscalía hubiera expuesto los hechos jurídicamente relevantes que permitirían determinar si los procesados pertenecen o no a un GDO.
“Mal hizo el funcionario, según dijo, al fundar su decisión de apartarse del conocimiento de la actuación en los elementos probatorios que la Fiscalía le facilitó para legalizar dicho procedimiento de captura”, enfatizó la decisión.
El representante de víctimas, abogado Alfonso Camerano, también cuestionó en audiencia la actuación del juez Monroy.
“Me parece que es una decisión no solo precipitada, sino que puede colocar casi que en vilo de nulidad lo que se ha hecho. (…) No es el momento indicado después de haber agotado la primera audiencia de legalización precipitarla sobre la audiencia de imputación”, advirtió el jurista.
Ante estas irregularidades, el Tribunal resolvió: devolver el expediente al Juzgado de origen para que se continúe el trámite de imputación y compulsar copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que se adelante una investigación contra el juez Monroy Rodríguez.
En el proceso están vinculados varios exfuncionarios y particulares acusados de delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho impropio, falsedad documental, fraude procesal, estafa agravada e invasión de tierras, entre otros.
El Tribunal recordó que los Juzgados de Control de Garantías Ambulantes, como el 101 Penal, tienen competencia para adelantar diligencias relacionadas con delitos cometidos por integrantes de GDO o GAO, pero esta calificación debe ser precisada inicialmente por la Fiscalía durante la audiencia de imputación, y no prejuzgada antes de que ello ocurra.
Finalmente, el Tribunal fue enfático en señalar que “el proceder del juez conspira contra el debido proceso sin dilaciones injustificadas y los derechos fundamentales de los usuarios del servicio público de administración de justicia”.
