Criaderos de peces en Puerto Colombia, Atlántico, estarían conectados de manera ilegal a la red eléctrica

La empresa encargada de suministrar el servicio de energía eléctrica al departamento del Atlántico, Air-e, dio a conocer que en medio de un procedimiento encontraron empresas dedicadas al hurto de energía mediante diferentes modalidades.

El hecho se registró en inmediaciones de Sabanilla, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, allí encontraron 6 estanques grandes y 4 pequeños utilizados para actividades de piscicultura.

En este sitio había una conexión directa a la red eléctrica de propiedad de la empresa Air-e. Por el funcionamiento de los estanques encontrados, estiman unas pérdidas anuales por el orden de los 65 millones de pesos.

Adicionalmente, de acuerdo con la electrificadora este sería un usuario que no tiene contrato con la empresa, de tal manera que incumple con todos los requisitos técnicos para recibir la energía y el consumo realizando es apropiado en su totalidad.

Según las declaraciones de Fermín De la Hoz, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, las investigaciones iniciales estiman que esta empresa operaba con energía obtenida en forma ilegal desde hace dos años aproximadamente.

Sin embargo, todo lo encontrado y el material probatorio recopilado hace parte de la investigación que se adelanta.

“Lamentamos que una actividad como la producción piscícola en el Atlántico se vea empañada con este tipo de casos, en donde algunas personas insisten en conectarse de manera ilegal a la red eléctrica de la compañía”, dijo.

También reiteró que la apropiación de la energía está tipificada como Defraudación de fluidos, consagrado en el artículo 256 del Código Penal, el cual establece penas de hasta 6 años de prisión y multa hasta por 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, razón por la cual se iniciará el proceso penal respectivo.

“La empresa Air-e, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación agradecen las denuncias que están siendo realizadas por los usuarios que responsablemente pagan el consumo del servicio de energía, las cuales han ayudado a actuar de manera contundente en contra los delincuentes que, en perjuicio del resto de usuarios, siguen intentando cometer este delito”, indicó la electrificadora.

A la fecha la empresa lidera con la Fiscalía cerca de 440 investigaciones penales por hurto y defraudación de fluidos. Adicionalmente, han sido capturadas 183 personas por estos mismos delitos y por el delito de concierto para delinquir.

Afinia terminará los contratos de servicio a las entidades estatales con mayor mora

Afinia, filial del Grupo EPM, anunció que iniciará la terminación de contratos de condiciones uniformes para la prestación del servicio de energía eléctrica a varias entidades oficiales que no pagan el servicio. Esto, según la compañía, para avanzar con las inversiones se requiere del pago oportuno de los clientes, ante lo cual, el sector de entidades oficiales adeuda una millonaria suma a la filial del Grupo EPM.

El gerente general de Afinia, Javier Lastra Fuscaldo, aseguró que la medida obedece a que la mayor deuda del segmento de los grandes consumidores, un total de 175.000 millones de pesos, se concentra en los clientes oficiales protegidos constitucionalmente, cifra que asciende a 159.661 millones de pesos y corresponde al 91 % de estos clientes.

Por tanto, le hace un llamado al Gobierno Nacional y al Ministerio de Minas y Energía para que coadyuven en la formulación y adopción de políticas acorde a las realidades y necesidades de los sectores en los territorios y al Congreso de la República para que en el marco de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo queden incluidos los recursos para el pago de esta cuantiosa deuda y se prevean los mecanismos que garanticen la destinación de los rubros presupuestales para el pago de la energía de los Clientes Oficiales.

Esto de manera preferente, en sectores de acueducto y saneamiento básico, salud, educación y alumbrado público. Otorgándoles a estos recursos un estatus equivalente o del mismo rango al que da la protección constitucional a estos sectores.