La Universidad del Atlántico atraviesa una crisis por la elección de su rector. Dejó de ser un debate académico y se ha convertido en una disputa jurídica con un fuerte tinte político entre el Gobierno de Gustavo Petro y la casa Char.
Aunque Leyton Barrios fue elegido por el Consejo Superior como nuevo rector, desde entonces todo ha sido cada vez más caótico porque —a como dé lugar— desde el Ministerio de Educación se busca hacerse con el poder de la institución de educación superior más importante del Caribe colombiano.
En la disputa se han registrado presiones de todo tipo y hasta una universidad, que en principio había acreditado las certificaciones de la experiencia de Barrios, terminó retractándose, y la pregunta que todos se hacen es: ¿qué pasó?
Incluso, SEMANA pudo establecer que Leyton Barrios tiene la grabación de una llamada con una alta funcionaria del Gobierno Petro en la que esta le cuenta el presunto plan de desestabilización de su administración, pero le hace una supuesta exigencia económica millonaria que este —hasta la publicación de este informe— no habría pagado, para entregarle unos videos.
Actualmente, el Ministerio de Educación Nacional ordenó el reemplazo del rector Barrios, pero en una comunicación que le entregaron a las 7:58 p. m. del martes 16 de diciembre, a los correos institucionales le aseguraron que esa resolución estaba sin efectos, lo que lo mantenía en firme, y le entregaron una nueva citación que se daría en los próximos cinco días hábiles para poder seguir con el proceso dentro de la institución.
Iván Cancino, abogado de Leyton Barrios, en conversación con SEMANA, precisó que todo el proceso está viciado desde su origen por una grave vulneración del debido proceso.
“El artículo 12 de la Ley 1740 de 2014 es claro: las resoluciones del Ministerio deben notificarse de manera personal al representante legal. En este caso, eso no ocurrió y esa irregularidad sustancial vulnera el artículo 29 de la Constitución y vicia por completo la actuación administrativa”, indicó.
El profesional del derecho insiste en que hay graves irregularidades en la forma en que llevó el proceso el Ministerio de Educación Nacional. “En el documento quedó consignado que la señora Josefa Cassiani se notificó del acto administrativo, pero al mismo tiempo se indica que actuó como secretaria general. Esa contradicción genera una nulidad por indebida notificación, irregularidad que incluso fue reconocida por el propio Ministerio en la resolución que ordenó el reemplazo del rector”.
Cancino también precisa que la institución interpuso un recurso de reposición en el que se pedía la nulidad del procedimiento, sin que hasta ahora exista respuesta. “Ese silencio profundiza la vulneración al debido proceso y deja a la universidad en un limbo institucional”.
Entretanto, recuerda que la Ley 1740 prohíbe imponer estas medidas cuando la interrupción del servicio obedece a protestas que son realizadas por los estudiantes: “El legislador fue claro: no se puede instrumentalizar la protesta de la comunidad educativa para justificar la vigilancia”.
Y es que 16 días antes de esta afectación, desde el Ministerio de Educación, dice Cancino, se entregó una certificación de alta calidad. “Es jurídicamente insostenible pasar en tan corto tiempo de reconocer excelencia a afirmar una afectación grave del servicio”.
Al mismo tiempo, sostuvo que “se reabrieron sedes como Suan y Sabanalarga, se garantizó el pago de salarios y prestaciones y se mantuvo la gestión administrativa, incluso tras la toma de la sede principal”.
Todo se agravó más cuando Leyton Barrios interpuso una tutela en contra de la cartera de Educación: “Después de la notificación de la tutela, el Ministerio comenzó a expedir oficios de manera acelerada y en horarios nocturnos, intentando subsanar irregularidades previas”.
Ahora, el Ministerio de Educación Nacional designó a Rafael Ángel Castillo Pacheco como nuevo rector de la Universidad del Atlántico, pese a que está inhabilitado por la Procuraduría para cargos públicos.
Lo único cierto es que persisten presiones desde el Gobierno de Gustavo Petro para tomar el control de esta universidad, ad portas de un año electoral, teniendo en cuenta que el presupuesto de la misma es de casi medio billón de pesos.
