Barranquilla
Exclusivo | Así usarían las bandas criminales a empresas de vigilancia para “legalizar armas de fuego” en Barranquilla
SEMANA conversó con un experimentado investigador judicial de la Policía que les venía siguiendo el rastro desde hace varios años.


Las bandas criminales en Barranquilla quedaron una vez más al descubierto por parte de un grupo de experimentados investigadores judiciales de la Policía Metropolitana: usaban, supuestamente, empresas de vigilancia privada como fachadas para legalizar el porte de armas, infiltrar instituciones del Estado y, presuntamente, cometer hechos ilegales.
En entrevista con SEMANA, un investigador judicial reveló los detalles más sensibles de la investigación que sacude los cimientos de la seguridad privada en la capital del Atlántico.
“Estas empresas funcionaban legalmente, entre comillas, porque toda la documentación la tenían en regla. Pero eran un escudo para que los criminales pudieran portar armas sin ser capturados”, relató el investigador judicial.
Según las indagaciones, organizaciones como Los Costeños, Los Pepes y el extinto Clan Vega Daza estarían detrás de varias firmas de seguridad inscritas ante la Superintendencia de Vigilancia y la Cámara de Comercio. Su objetivo era claro: “Evadir los controles de la autoridad usando un mecanismo legal para asignar armas de fuego a sus miembros”.
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De acuerdo con la investigación, sujetos con varias anotaciones judiciales que tenían nexos con bandas criminales eran contratados como supuestos escoltas, por lo que les tenían que entregar armamento.
“Al figurar como escoltas de una empresa registrada, automáticamente se les asignaba un arma con salvoconducto. De ese modo, quedaban blindados ante una requisa policial”, explicó el investigador.
El caso más emblemático hasta ahora revelado es el de la empresa Blink, donde dos de las mujeres más cercanas a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, figuran en cargos clave.
“Alias la Mona, una de las esposas de Castor, aparece como abogada de Blink, y la otra, alias Dinelli, figura como escolta en la misma empresa. Las dos están directamente vinculadas al entramado delictivo, por lo que las estamos investigando desde hace varios meses”, aseguró el investigador a SEMANA.
Uno de los hallazgos más graves ocurrió durante los operativos de inspección que fueron realizados con la Superintendencia de Vigilancia.
“En Blink se incautaron 30 armas de fuego que no tenían permisos válidos y se hizo la custodia de otras 45, que están bajo revisión de la Superintendencia”, indicó la fuente.
En total, 75 armas de fuego fueron halladas, muchas de ellas utilizadas, al parecer, en hechos violentos, incluyendo extorsiones y atentados sicariales.
“Lo más alarmante fue que, durante las capturas, encontramos armas legalmente amparadas, pero usadas en homicidios. Al revisar los permisos, descubrimos que estaban a nombre de empresas como Blink o Lost Prevention”, detalló el investigador.
Según la Fiscalía y la Superintendencia de Vigilancia, hay una correlación directa entre ciertas empresas y bandas específicas. “Blink y Atenas estarían vinculadas a Los Costeños, mientras que Lost Prevention operaría como fachada para Los Pepes y el Clan Vega Daza”, reveló.
SEMANA conoció que la Superintendencia de Vigilancia inició procesos administrativos contra estas firmas, mientras que la Fiscalía adelanta investigaciones penales meticulosas contra todas estas personas que estarían vinculadas en estos hechos.
De acuerdo con el investigador judicial con el que conversó este medio, lo más grave es que habría una falta de control sobre los inventarios de las armas de fuego y las municiones.
“Muchas de las armas no figuraban en el inventario de las empresas, lo que sugiere que están en la calle, circulando con permisos falsos o sin ningún tipo de control”, advirtió.

Además, SEMANA pudo confirmar que uno de los capturados recientemente en Santa Marta, identificado con el alias de Caretales, expolicía y presunto sicario de Los Costeños, portaba un carné de escolta emitido por Blink.
Este medio de comunicación pudo establecer que la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación junto con la Policía Nacional sigue su curso y que podrían existir más empresas vinculadas en estos procesos investigativos.
“Este modelo de infiltración criminal nos muestra que el crimen organizado no solo corrompe desde afuera, sino que también se disfraza de legalidad para operar desde adentro. No se descarta que haya funcionarios públicos, incluidos en estos hechos ilegales”, concluyó el investigador.

¿Qué dicen desde el Ministerio de Defensa?
Por medio de un comunicado de prensa desde el Ministerio de Defensa, dieron a conocer detalles de los operativos de control que fueron realizados en la capital del Atlántico.
“La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como parte de una intervención sin precedentes, ordenó suspender las licencias de operación a cinco empresas de vigilancia y seguridad privada, con oficinas principales ubicadas en la ciudad de Barranquilla, por presuntos incumplimientos graves a la normatividad vigente”, explicaron.
Al mismo tiempo, revelaron cuáles fueron las empresas de seguridad en las que encontraron unas presuntas irregularidades con las armas de fuego y otros aspectos que siguen siendo analizados.
“La decisión es el resultado de una serie de operativos de control, adelantados por la Supervigilancia a las empresas Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda.”, señalaron.

Del mismo modo, revelaron que estas decisiones fueron tomadas “con fundamento en los hallazgos preliminares y en el marco de las competencias legales de inspección, vigilancia y control que ejerce la entidad”.
Y es que las empresas de seguridad privada, según el Ministerio de Defensa": Acumulaban un volumen considerable de actividad operativa en el país, con un total de 696 hombres en servicio, 21 vehículos automotores, y un total de 483 armas, entre pistolas, revólveres y escopetas, desplegados en distintas zonas de la Región Caribe, como los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre”.