Las acciones judiciales que frenan polémica elección del rector de la Universidad del Atlántico

Aunque no hay alteraciones del orden público, como muchos esperaban, lo que sí hay es varias acciones judiciales que tienen frenada la elección del nuevo rector de la Universidad del Atlántico para el periodo 2025-2029.

Actualmente, desde el Consejo Superior se encuentran a la espera de que la Procuraduría General de la Nación resuelva un ‘lluvia’ de recusaciones que se dieron en medio de la junta que elegiría al nuevo rector.

Todo no ha parado ahí porque este jueves, 23 de octubre, se conoció que los aspirantes Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández instauraron una tutela por la vulneración de sus derechos, pues no han resuelto una solicitud formal que realizaron sobre los requisitos de Leyton Barrios Torres, quien, al parecer, no los cumpliría todos.

“Diversos sectores de la comunidad académica han solicitado al Consejo Superior verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por parte del candidato Leyton Barrios, quien aspira al cargo de rector. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar que todos los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente”, dice el documento conocido por esta revista.

Ante esta actuación, la jornada que estaba convocada para hoy viernes, 24 de octubre, quedaría sin efecto hasta que resuelvan de fondo esa tutela que se conoció en las últimas horas.

Por su parte, desde el sindicato de Trabajadores Administrativos y Académicos (SintraAdeua), presentaron ante el Consejo Superior Universitario una solicitud que pide revocar el acto administrativo que avaló la inscripción del aspirante Leyton Daniel Barrios Torres como candidato.

Se conoció que dicha petición fue radicada por Jaime Iván Borrero Samper, presidente de este sindicato, quien precisó que el aval fue dado con una información, supuestamente, inexacta.

El documento que tiene SEMANA da cuenta de que Barrios Torres habría presentado una certificación expedida por la Corporación Universitaria Americana, en la cual se afirmaba que ejerció labores docentes entre 2020 y 2023 bajo contratos de prestación de servicios.

Sin embargo, esa institución de educación después negó la existencia de esos contratos, lo que hizo colocar en duda esas certificaciones. Dice el sindicato que la Corporación Universitaria Americana inicialmente reconocía un vínculo contractual; luego, el 27 de agosto de 2025, se negó cualquier relación laboral; y finalmente, el 14 de octubre, la misma admitió que la vinculación fue ad honorem, es decir, sin remuneración ni contrato formal.

“El documento contiene inconsistencias sustanciales sobre la naturaleza del vínculo, las funciones desempeñadas y el tiempo de servicio. Primero, se indicó la existencia de un contrato de prestación de servicios y luego se afirmó que fue ad honorem. Estas versiones son mutuamente excluyentes”, precisan en el texto.

El escrito, de varias páginas, también asegura que es muy extraño que el Comité de Credenciales, integrado por Josefa Cassiani Pérez, Salomón Mejía Sánchez y María A. Bocanegra Jiménez, haya avalado la inscripción sin verificar a fondo la validez de los documentos.

“Mantener la inscripción del señor Leyton Daniel Barrios Torres equivaldría a convalidar el engaño como instrumento legítimo para acceder a la función pública universitaria”, agregaron.

Otro ciudadano identificado como Andrés Felipe Santiago instauró otra tutela contra la Procuraduría, Ministerio de Educación, la Universidad del Atlántico y el Consejo Superior, asegurando que le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso.

“La omisión en la valoración y decisión de dichas recusaciones no solo priva al recusante del derecho a obtener una respuesta oportuna y de fondo, sino que además afecta la transparencia y la imparcialidad del trámite disciplinario, generando un evidente vicio procedimental que incide en la validez de las actuaciones adelantadas por esa autoridad”, detalla la tutela.

Otra de las que cuestionó la candidatura de Barrios fue la exaspirante Norma Vera Salazar, quien le pidió al Ministerio de Educación una revisión urgente a la documentación que entregó este candidato.

Lo único cierto hasta el momento es que sigue la tensión por la nueva designación del rector de la Universidad del Atlántico, la institución de educación superior más importante del Caribe colombiano.