NACIÓN
Marchan en Santa Marta por liberación de presunto paramilitar extraditado de España
Sobre la Troncal del Caribe a la altura de Puerto Nuevo, en Santa Marta, manifestaron pidiendo la libertad de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho.
Rechazo total de las autoridades ha recibido la marcha que se desarrolló este 27 de abril sobre la Troncal del Caribe a la altura de Puerto Nuevo, en la ciudad de Santa Marta, capital del Magdalena, en apoyo a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, el hombre señalado como cabecilla de Los Pachenca.
La movilización se llevó a cabo posteriormente a que se conociera su extradición de España hacia Colombia, país donde había sido capturado en el mes de enero del año 2022. El secretario del Interior de Santa Marta, José Humberto Torres, manifestó su inconformidad ante la movilización que pretendía darle apoyo al hombre.
“La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía general de la Nación, en el marco de la lucha frontal contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana, el día 26 de abril del 2023, en horas nocturnas, arribó a la ciudad capital (Bogotá) extraditado desde España el señor Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho”, informó la Policía Nacional.
De acuerdo con las investigaciones, alias Pinocho o El Ganadero deberá responder ante la justicia por la presunta comisión de los delitos relacionados con concierto para delinquir y homicidio agravado.
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Alias Pinocho es considerado como un temido exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, y socio del considerado depredador de menores de edad Hernán Giraldo, quien fue extraditado hace pocos meses de Estados Unidos a Colombia. Pinocho, quien fue capturado en España, había sido el heredero de la estructura criminal de Giraldo.
De acuerdo con el director de la Policía, en ese momento el general Jorge Luis Vargas, Pinocho cuenta con una trayectoria criminal de 18 años. “Hizo parte de la banda Los Mellizos y del Frente Resistencia Tayrona de las AUC, bajo el mando de Hernán Giraldo Serna alias El Patrón o el señor de la Sierra”, explicó el general Vargas.
Añadió: “Para comienzos de 2008, fue extraditado a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico y en septiembre de 2011 fue deportado a Colombia luego de pagar una condena de cuatro años; una vez regreso se acogió a la Ley justicia y paz (Ley 975 de 2005)”.
Así mismo, indicó: “Después de acogerse a la ley de justicia y paz, alias Pinocho o El Ganadero utilizó la fachada de líder social para seguir delinquiendo, desde 2017, con el Grupo Delincuencial Organizado Los Pachenca.
Sobre su larga actividad en la vida criminal, añadió: “Como cabecilla principal, está vinculado con homicidios selectivos, cobros extorsivos a comerciantes y a transportadores de la troncal Caribe en los departamentos de Magdalena y La Guajira”.
Su socio, Hernán Giraldo, es el exjefe del denominado bloque Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas, fue extraditado de los Estados Unidos luego de pagar una condena en ese país por narcotráfico. En Colombia tenía pendiente la pena alternativa en el marco de la ley de justicia y paz, un beneficio judicial que está a punto de caducar por cuenta de sus aberraciones sexuales con niñas.
Varias de ellas, está demostrado, fueron cometidas desde la cárcel cuando ya se había acogido al proceso de desmovilización de las autodefensas y contaba con los beneficios penales de la Ley de Justicia y Paz. Ahí, desde la cárcel hacía ir menores de edad a quienes abusaba.
Giraldo, conocido como El Patrón, El Viejo, Taladro o El Señor de la Sierra, tenía a su servicio algunas personas, en especial a una mujer que contactaba a menores de edad, les ofrecía algunos lujos o dinero en efectivo para que ingresaran a la cárcel haciéndose pasar como hijas de algún detenido y en el penal sostener relaciones sexuales con el exjefe paramilitar.
Así fue el resumen que hizo la Fiscalía al abrir una investigación en contra de Giraldo y tras considerar que los hechos materia de verificación ocurrieron después de su desmovilización de las autodefensas, lo que lleva a poner en riesgo su permanencia en la ley de justicia y paz.