Procuraduría abre investigación contra la alcaldesa de Santa Marta por un contrato de casi $1.000 millones | ¿Qué pasó?

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Santa Marta (Magdalena), Virna Johnson, y su entonces secretario de Gobierno encargado, Bayron Arrieta Jiménez, por posibles irregularidades en un contrato de más de $ 970 millones para la implementación de un programa que garantice la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.

Al parecer, la administración distrital celebró un convenio de asociación en el que no se habría evidenciado que la mayor parte del presupuesto estaba destinado a la adquisición de elementos de papelería o de oficina y servicios logísticos conforme a una solicitud de la Registraduría.

En ese sentido, la Procuraduría advirtió que, en los documentos aportados hasta ahora, no se soporta que la escogencia de una entidad sin ánimo de lucro y su contratación directa, haya sido la manera adecuada de satisfacer la necesidad de la entidad.

Tampoco se evidencia la existencia de un estudio del mercado y del sector adecuado que conlleve que el objeto del convenio se cumpla a cabalidad.

Se investiga además una presunta adición al convenio de un poco menos del 50 %, sin los análisis y estudios de conveniencia necesarios, y cambios de condiciones técnicas como alquileres de salones, sin justificación alguna y sin modificaciones en los precios unitarios de los elementos.

El ente disciplinario solicitó a la Alcaldía Distrital de Santa Marta documentación relacionada con este convenio de asociación suscrito con la Asociación de Gente Joven (AGJ).

¿Qué responde la Alcaldía?

La administración distrital de Santa Marta emitió un comunicado de prensa en el que aseguran haber enviado toda la documentación requerida por el órgano de control.

“Al respecto, la administración informa que el proceso de investigación se lleva a cabo en total transparencia y acorde a lo solicitado por el órgano de control, el cual, en primera instancia, solicitó una documentación que fue entregada por parte de la Alcaldía y de los cuales no ha habido más pronunciamientos”, se lee en el comunicado.

Y agregaron: “Con base en lo anterior, el Distrito reitera la disposición de hacer entrega de cualquier otra solicitud dentro de los términos que la Procuraduría exija, si así lo considere, no sin antes ratificar que el proceso contractual en mención cumple con los requisitos de ley”.

Cabe recordar que la Alcaldía de Santa Marta también está en la lupa por un proceso que se está adelantando para construir un sistema de acueducto en la ciudad que permita solventar una de las mayores necesidades que tiene la capital de Magdalena: la falta de agua.

Con el objetivo de mejorar la cobertura de agua potable, la Alcaldía inició el proceso licitatorio con un presupuesto oficial que se acerca a los $1,68 billones. Se busca producir un caudal de 2.400 l/s de agua tratada para satisfacer las necesidades proyectadas de la ciudad hasta el año 2048. Sin embargo, en medio de las revisiones adelantadas por el órgano de control, se identificaron importantes “debilidades” en el proceso licitatorio.

“La advertencia se concreta en un tema muy específico, que es la estructuración del proyecto, que tiene como propósito y objetivo asegurar que el contratista seleccionado tenga la capacidad y el músculo financiero para desarrollar la obra (...) Cuando uno revisa los términos establecidos en esta contratación, la capacidad de endeudamiento solicitada es mucho menor de lo que debería ser. No es consecuente ni coherente para que el contratista demuestre que tiene la capacidad y el músculo financiero necesario para llevar a cabo la obra”, explicó el vicecontralor con funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga.