Alcalde Galán, por nueva resolución sobre la Sabana de Bogotá: “Esto es un nuevo ataque del Gobierno nacional a la autonomía de la ciudad”

El alcalde Carlos Fernando Galán le pidió al Gobierno nacional y al Ministerio de Ambiente que retire y que no expida la resolución sobre la reorganización de la Sabana de Bogotá por ser un proyecto que viola la ley y que nunca fue consultado con el Distrito. Asegura que es una violación a la autonomía territorial de la capital del país y una afrenta a las decisiones ambientales de la Corte Constitucional.

“En el análisis que hacemos como Distrito esto es —primero— un nuevo ataque del Gobierno nacional a la autonomía territorial, es una nueva violación a la ley, a la Constitución de Colombia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, afirmó el alcalde mayor.

El mandatario de los bogotanos resaltó que el proyecto de resolución tiene implicaciones negativas para el desarrollo de planes estratégicos para la vivienda, la protección del medio ambiente, el acceso a la energía y la garantía del agua de la ciudad; es ilegal porque incumple el Acuerdo de Escazú, que establece las reglas para definir procesos ambientales, y adicionalmente, no se construyó en coordinación con las autoridades locales.

En rueda de prensa, acompañado de gran parte del gabinete distrital, el alcalde aseguró que el proyecto del Ministerio de Ambiente pone en riesgo la realización de 16 proyectos clave para la ciudad que ya están en curso y que con la aplicación de la nueva resolución podrían quedar en el limbo; entre ellos, el patio taller de la primera línea del metro y una parte del trazado que atraviesa por la localidad de Kennedy que, eventualmente, se convertiría en un humedal.

“Lo que estamos haciendo con esto es que la ciudadanía conozca las implicaciones que tiene esta decisión para sus predios. La ciudadanía no estaba enterada de esto y el Gobierno, según el Acuerdo de Escazú, tenía la obligación de ser transparente y de consultar a la gente para poder construir ese proyecto, y ahí no hubo participación efectiva ni concertación”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

En ese mismo sentido, el alcalde explicó que, de expedirse la resolución, los predios de las familias que estén ubicadas en una zona que sea declarada como humedal quedarán en un “limbo” porque, además, el documento no establece qué es lo que va a pasar con las viviendas que queden en esa situación.

Aparte del tema relacionado con los predios a los que les cambiaría el estatus por la nueva disposición de los terrenos, el mandatario de la ciudad aseguró que tampoco es claro qué va a pasar con los temas relacionados con el abastecimiento del agua, pues varias de las cuencas hídricas de las que se abastece Bogotá quedarían declaradas como humedales.

“El tema del agua es lo que más menciona el Gobierno nacional en la motivación de la decisión y resulta que en la resolución queda planteado que se convertirán en humedales el embalse de San Rafael, el de Chizacá, la Regadera y el embalse de Chuza y entonces, si estos se vuelven humedales, ¿cómo va a ser el manejo o la garantía de que vamos a poder seguir usándolos para abastecernos de agua?”, añadió Galán.

El alcalde insistió en que el Gobierno nacional está engañando a la ciudadanía al decirle que el documento está abierto para consultas cuando, realmente, el documento no se puede expedir de esa manera porque la Constitución y la Corte Constitucional no lo permiten así.

“Las consultas son obligatorias hacerlas, pero no son vinculantes y es solo el cumplimiento de un requisito de ley, pero no obligan a que la autoridad construya de manera colectiva los elementos fundamentales del mismo. No nos vengan a presentar, con todo respeto, presidente, que están abriendo una gran consulta para que la población se exprese. Para que eso pase, la población tiene que conocer esto en detalle y el documento fue construido de manera oscura y oculta y nadie lo conoce”, dijo Galán.

El alcalde insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional retire el proyecto de resolución, e inicie un proceso coordinado que garantice la construcción participativa de lineamientos de ordenamiento ambiental para la sabana; a su vez anunció que si es necesario acudirá a acciones legales de tipo administrativo y penal.

Asimismo, dijo que convocará a las autoridades locales y la ciudadanía a la construcción de estos lineamientos: “Vamos a convocar al gobernador de Cundinamarca y a los alcaldes afectados por esta decisión para que juntos trabajemos articuladamente y de manera coordinada, como ordena la ley y la Constitución, en exigirle a la Nación que tenga en cuenta a los territorios y no imponga sus decisiones”, puntualizó.

Finalmente, resaltó la importancia de la participación ciudadana porque con la decisión se afectarán más de 600.000 personas que habitan en 138 barrios de las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba.