Autoridades desalojan con orden judicial el hogar de paso de animales ‘Callejeros Fontibón’ tras varias propuestas de reubicación

El inspector de Policía, un cuerpo delegado de la Personería de Bogotá y gestores de la Secretaría de Gobierno hicieron presencia en la localidad de Fontibón para ejecutar una orden judicial de desalojo en el hogar de paso para animales rescatados.

En medio de la situación, varios videos publicados por la concejal Heidy Sánchez y por varios colectivos animalistas y defensores de los animales se hicieron virales por registrar un supuesto caso de uso de la fuerza para llevar a cabo el desalojo.

En su publicación, la cabildante aseguró que había presencia de la fuerza pública en la zona y que se estaba denunciando “hostigamiento contra la comunidad que protesta contra el desalojo. Señalan que son más de 40 animales los que cuidan allí”.

En esa misma vía, la actriz Marcela Valencia ‘Yoya’, defensora de los animales, también publicó una serie de videos en los que registró la situación y aseguró que era “inaudito que los proteccionistas hagan el trabajo que le corresponde al estado y que ahora quieren desalojarlos del refugio”.

En el predio que están desalojando hay 35 perros, 8 gatos y 4 gatos ferales. Según la denuncia de la actriz, los animales serían llevados a la Unidad de Cuidado Animal (UCA) del Idpyva y temen que allá contraigan enfermedades que puedan llevarlos a la eutanasia.

No obstante, la senadora animalista Andrea Padilla informó mediante sus redes sociales que los animales no serían llevados al UCA y que serían movidos a un nuevo albergue fuera de Bogotá.

Ahora bien, la senadora también dejó claro que la situación no se trata de un desalojo arbitrario y que, de hecho, ya había sido anunciado con anterioridad. “En este momento se está haciendo el desalojo anunciado del hogar de paso Callejeros Fontibón. Pese a las múltiples acciones que hicimos con mi equipo para evitarlo y postergarlo (acciones ante Alkosto, Personería y el Dadep), que enviaron una propuesta de reubicación y ayuda económica no aceptadas, salió una orden judicial, por ocupación de un predio privado, que se debe acatar”.

El reporte oficial de las autoridades, conocido por SEMANA, señala que se instaló un PMU desde las 6:00 de la mañana en el sector del desalojo y que desde esa hora se le explicó a los ocupantes la diligencia que se iba a realizar y que se debía acatar el fallo judicial.

No obstante, dice el reporte que se presentaron agresiones verbales en contra de los funcionarios de la Personería y de la Secretaría de Gobierno y que, incluso, una de las personas que estaba presente en el lugar intentó atacar con palos a los oficiales judiciales.