Comunidad emberá alojada en la UPI La Rioja y en el Parque Nacional de Bogotá será reubicada

Tras un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó el traslado inmediato de la población emberá alojada en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, la administración distrital definió un plan de reubicación temporal con el fin de garantizar condiciones dignas para esta comunidad indígena, en especial para niñas, niños y adolescentes.

También incluye a la población que permanece en el Parque Nacional de Bogotá.

La decisión judicial, emitida el pasado 28 de mayo, se fundamenta en las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que se encuentra actualmente la comunidad, lo que representa un riesgo para su vida e integridad.

El tribunal concedió un plazo de tres meses para evacuar el lugar, mientras el Gobierno nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, avanza en los procesos de retorno o reubicación definitiva como solución sostenible.

Durante los últimos seis meses, la administración distrital evaluó más de 70 predios para identificar un espacio apto para alojar temporalmente a la comunidad emberá.

El análisis incluyó criterios de seguridad, infraestructura sanitaria, posibilidad de instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) y la garantía de entornos seguros para los menores.

Finalmente, se seleccionó la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) como el lugar idóneo para la reubicación transitoria.

Esta alternativa fue planteada ante el Comité de Emergencia y avalada por entidades como la Personería de Bogotá, representantes de la Organización Indígena de Colombia (Onic), y voceros de la comunidad emberá.

Sin embargo, la decisión no le cayó en gracia a la comunidad del sector de Montevideo, en el occidente de la ciudad, a donde serán llevados los miembros de la comunidad emberá.

El Distrito explicó que, aunque esta sede ha sido fundamental para la labor misional del IDPAC, se buscarán nuevas instalaciones para esta entidad, priorizando que el cambio no implique afectaciones laborales ni en la atención al público.

Este espacio será adecuado para ofrecer atención integral a la población emberá, con énfasis en niñas, niños y adolescentes.

Permitirá la instalación de un punto fijo de la Secretaría de Salud y del PMU, encargado de articular rutas institucionales para proteger los derechos de los menores.

Además, facilitará la articulación de los servicios distritales, incluyendo el servicio Atrapasueños y la Estrategia Móvil de las Casas de Juventud, con capacidad para atender hasta 70 menores en espacios cerrados y desarrollar actividades recreativas y pedagógicas.

La reubicación ha requerido más de 10 reuniones interinstitucionales y múltiples diálogos con líderes de la comunidad indígena. El proceso de caracterización previo, liderado por la Unidad para las Víctimas, fue clave para definir el perfil del predio necesario y garantizar que la reubicación no incremente la situación de vulnerabilidad.

Desde la Alcaldía de Bogotá se reitera que esta medida es transitoria, mientras se concretan los procesos de retorno o reubicación definitiva, a cargo del Gobierno nacional.

La administración distrital hizo un llamado a acelerar estas acciones, dado que esta población lleva cerca de tres años esperando una solución de fondo que les permita retornar a su territorio o ser ubicados en un lugar con condiciones dignas y seguras.

“El compromiso del Distrito es garantizar la vida, la dignidad y la integridad de todas las personas que habitan en Bogotá. Rechazamos la estigmatización y el racismo que han enfrentado algunos miembros de la comunidad emberá, y reafirmamos nuestra voluntad de avanzar en la inclusión y el respeto de sus derechos”, concluyó la administración.

La administración distrital señaló que Bogotá, como ciudad receptora de miles de víctimas del conflicto armado, insiste en que ninguna población debe enfrentar discriminación por su origen o condición.

Por ello, el Gobierno Distrital asegura que continuará brindando las garantías necesarias para que comunidades como la emberá encuentren condiciones que les permitan reconstruir sus proyectos de vida.

El rifirrafe: Bogotá vs. Nación

Antes, se había presentado un rifirrafe entre la directora encargada de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas, e Isabelita Mercado, la consejera para las víctimas de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Cuartas había indicado: “Pagar albergues no es función de la Unidad para las Víctimas. Su recurso es para retornos, reubicaciones, indemnizaciones, para ayuda humanitaria, pero no podemos reemplazar, por ejemplo, a Bogotá, a la que le compete como primer respondiente los albergues”.

Mercado le salió al paso y le respondió con contundencia a la funcionaria del Gobierno nacional: “Le pedimos entonces que le pongamos fecha a los retornos y reubicaciones de la comunidad emberá que lleva entre tres y cuatro años esperando”.

Dijo que Bogotá sí ha cumplido sus compromisos como primer respondiente y que ha hecho más de lo que la ley le obliga.