¿El ELN en Bogotá? Estas son las investigaciones que revelan la presencia de esa organización criminal en la capital del país

Bogotá parece que no logra deshacerse de la sombra de los grupos armados ilegales que la han acechado por años y que buscan colarse por sus goteras.

La capital es la joya de la corona para los criminales que buscan consolidar las rutas del narcotráfico que se anidan en Bogotá. Desde donde, por su ubicación estratégica, se podría organizar la distribución de estupefacientes, armas y personas hacia todos los rincones de la geografía nacional. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), según la Defensoría del Pueblo, impulsa esta operación.

El tema no es nuevo ni está hilado por hechos aislados. La presencia del ELN, discretamente y aunque negada por las autoridades desde 2020, ha sido permanente y a la vista de los ciudadanos.

Banderas del ELN, panfletos que circulan en las localidades periféricas de la ciudad, el atentado en 2019 contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, información de inteligencia que se recibió durante la administración de Claudia López que habla de un supuesto plan de reclutamiento en las universidades públicas y un resultado operativo esta semana que impidió un acto terrorista dan cuenta de que el ELN no está tan lejos como parece.

Esta semana, la Policía de Bogotá capturó mediante orden judicial en el municipio de Isnos, Huila, a alias Pedro Pablo o Junior, señalado de haber participado en el atentado terrorista el 17 de enero de 2019 contra la Escuela de Cadetes, donde fueron asesinados 22 uniformados.

Este hombre habría sido el encargado de realizar la inteligencia criminal en inmediaciones de esta unidad policial. Además, habría formado parte del ELN, principalmente del Frente de Guerra Oriental y posteriormente en el frente urbano Compañero Diego. Registra antecedentes en 2021 por los delitos de rebelión y extorsión en el departamento de Arauca.

Aunque la advertencia ha sido silenciosa, es contundente. La Defensoría del Pueblo viene alertando sobre la presencia de una célula urbana del ELN que opera en el corazón del país y su área metropolitana inmediata desde 2021.

El documento, emitido en ese entonces y ratificado durante estas últimas semanas, detalla que la estructura tendría incidencia directa en seis localidades de la capital. En Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y dos municipios de Cundinamarca, que son Soacha y Sibaté.

Según el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), las acciones del grupo se articulan con economías ilegales, redes de microtráfico y actividades de control social en barrios periféricos del sur y occidente de la ciudad.

El informe sostiene que en esas zonas confluyen grupos armados que disputan corredores estratégicos y han venido consolidando presencia mediante amenazas, homicidios, reclutamiento de jóvenes y extorsiones.

“Se ha identificado la presencia del Frente de Guerra Urbano del ELN y de milicias que no se acogieron al acuerdo final de paz, con incidencia en sectores populares de Bogotá y municipios vecinos”, dice el documento, y relaciona las operaciones con la expansión de estructuras sucesoras del paramilitarismo, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y bandas de crimen organizado, como Los Paisas y Los Boyacos.

Ante la urgencia de la denuncia hecha por la Defensoría, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que sí hay indicios claros de personas en Bogotá que tienen vínculos con el ELN y que la administración distrital sí ha tenido información de inteligencia que les ha permitido actuar a tiempo ante la posibilidad de atentados en la ciudad. En esa misma línea respondió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que, aun cuando no fue explícito en reconocer la presencia del ELN en la ciudad, sí dijo que este grupo armado representa un riesgo en todo el país.

Desestabilizar

Los hechos del mes pasado en los que miembros del Congreso de los Pueblos se tomaron las instalaciones del campus de la Universidad Nacional y la arremetida de los encapuchados en el marco de estas protestas volvieron a abrir el debate sobre el atrincheramiento de células delictivas dentro de las universidades públicas de la ciudad.

Desde 2023, Julián Uscátegui, concejal del Centro Democrático, ha venido señalando que tiene conocimiento de informes de inteligencia que confirman la puesta en marcha de una campaña de reclutamiento de estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional, orquestada por los frentes urbanos Compañero Diego y Jorge Eliécer Gaitán, del ELN, y miembros del frente 33 de las disidencias de las Farc, comandado por Iván Mordisco.

De hecho, durante la administración de Claudia López, altos funcionarios de su Gobierno ya habían confirmado que un grupo de al menos 30 hombres y mujeres encapuchados, reincidentes en los desmanes, pertenecían a una célula urbana de grupos armados que habían sido reclutados luego de ser parte de la denominada primera línea durante el estallido social.

La presencia del ELN en entornos urbanos, sin embargo, no es nueva. Esta situación en las universidades públicas ya había sido alertada por la Alcaldía de Bogotá en un informe que López le entregó a Petro a mediados de 2023 y en el que se advertía que la guerrilla mantenía presencia activa en universidades públicas, especialmente en la Universidad Nacional de Colombia, donde operaban grupos de apoyo político y logístico vinculados al llamado frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar.

Según ese reporte, las autoridades detectaron actividades de reclutamiento ideológico de jóvenes, reuniones clandestinas y el uso de instalaciones académicas para almacenar material propagandístico. Aunque las investigaciones no establecieron una estructura formal, los hallazgos coincidían con los patrones descritos por la Defensoría en su alerta: presencia discreta, captación de simpatizantes y vínculos con redes criminales del sur de la ciudad.

Por su lado, Andrés Nieto, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá y director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, asegura que, aunque en la capital no hay ningún tipo de presencia operativa permanente ni control territorial del ELN, sí es cierto que Bogotá es el punto central para las negociaciones, las reuniones y el lavado de dinero de los grupos criminales.

“Por esa razón terminan algunos de sus integrantes en la ciudad de forma ocasional y de forma rápida, porque no les conviene quedarse mucho tiempo haciendo ese tipo de alianzas, de acuerdos y demás (...). La clave aquí en Bogotá es entender que es un espacio para transacciones económicas puntuales, para alianzas estratégicas o para mover el dinero que necesitan llevar a grandes espacios de mercado”, aseguró Nieto.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo pidió una acción coordinada del Gobierno nacional, la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca para enfrentar la expansión de los grupos armados. Propuso fortalecer la inteligencia urbana, aumentar la presencia de la fuerza pública en los corredores identificados y crear programas sociales para jóvenes en riesgo de reclutamiento.