¿Están en riesgo los concierto de Shakira, Guns and Roses y Green Day en Bogotá, que se harán en el Vive Claro?

Pese a que la inauguración del nuevo escenario para espectáculos Vive Claro fue todo un éxito y a no se conocen quejas sobre el “ruido excesivo” que algunos pronosticaron, todavía hay una acción popular en curso, impulsada por concejales de Bogotá, que busca poner freno a la larga lista de conciertos que ya están fechados y vendidos en este megaescenario capitalino.

Sin embargo, hasta ahora y para quienes ya compraron sus boletas, no hay nada de qué preocuparse.

El pasado domingo 27 de julio se realizó el evento inaugural del Vive Claro. Fueron más de seis horas de presentaciones y alto flujo de personas, lluvia intermitente y la expectativa por lo que parecía un escenario sin terminar de construir.

Aunque todo salió bien y ante la controversia generada por su construcción, las entidades distritales hicieron presencia en el lugar para verificar que se cumpliera con todas y cada una de las normas necesarias para el desarrollo del evento.

Entre esas entidades estuvo la Secretaría Distrital de Ambiente, que realizó actividades de control preventivo y medición de ruido ambiental para mitigar el impacto ambiental durante todo el evento.

Las acciones de control preventivo incluyeron la ubicación de un punto de medición cerca del escenario para ejercer control directamente en la consola de audio de los artistas y garantizar que se respetaran los límites de volumen establecidos, siguiendo los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También se instaló una estación fija de monitoreo continuo de ruido ambiental en los alrededores del escenario para realizar un seguimiento permanente durante el desarrollo del evento.

Ahora es un contrato

Decantadas todas las trabas ambientales que desde el Concejo de Bogotá le pusieron a la obra, ahora, la concejal Quena Ribadeneira y la edilesa Mónica Naar radicaron una acción popular para que se revisen los términos del contrato con el que la Beneficencia de Cundinamarca y la Gobernación del departamento le arrendaron el predio a Ocesa Colombia.

Así las cosas, la acción se radicó ante un juzgado administrativo de Bogotá para que frene el contrato que suscribieron la Beneficencia de Cundinamarca y la empresa Ocesa Colombia S. A. S. para darle forma al proyecto Vive Claro.

La versión de los ciudadanos es que en 2023 se suscribió un acuerdo mediante el cual se entregaron en arrendamiento los lotes 15 y 16 del Parque Metropolitano Simón Bolívar para la construcción y explotación de este escenario.

Su teoría es que “las leyes no permiten que se entreguen bienes del Estado para que se realice en ellos una explotación económica de manera directa, sino a través de un proceso licitatorio mediante concesión una asociación público–privada”.

Para la concejal, las posibles irregularidades de esta negociación habrían comenzado desde su propia concepción, pues las condiciones del predio y el monto establecido impedían tramitar la iniciativa por esos medios.

“Era imposible hacer este negocio en la forma como la Beneficencia y Ocesa lo hicieron, saltándose todas las leyes y procesos de contratación estatal, eludiendo los procedimientos de licitación y selección objetiva”, dijo Rivadeneira.

Ella manifestó que el contrato celebrado le habría permitido a Ocesa hacer uso exclusivo de más de 249.000 metros cuadrados de espacio público durante cinco años, con derecho a realizar espectáculos masivos, subarrendar y construir.

Al parecer, todo eso, a cambio de 361 millones de pesos sin aparente participación en ingresos ni incentivos de desempeño. En consecuencia, “este contrato viola flagrantemente derechos colectivos fundamentales”, se lee en la acción.

El otro argumento es que habría sido adjudicado de manera directa con base en un concepto jurídico solicitado por la Gobernación, sin posibles estudios técnicos independientes ni apertura al mercado, restringiendo la participación de oferentes.

“Estamos a favor de que existan escenarios para el disfrute de los ciudadanos y que estos contribuyan en la generación de impactos económicos positivos para la ciudad, pero lo que no podemos permitir es que, para lograrlo, se salten todos los procedimientos legales establecidos, que lo que buscan justamente es dar transparencia a las actuaciones entre públicos y privados”, expresó la edilesa.