Indígenas encapuchados se tomaron la entrada de la Nunciatura Apostólica, en Bogotá

En la mañana de este martes 4 de junio, aproximadamente 50 indígenas, divididos en dos grupos y quienes son integrantes del ‘Congreso de los pueblos’ se tomaron tanto la entrada del Ministerio del Interior en el centro de Bogotá, como la entrada de Nunciatura Apostólica en la localidad de Teusaquillo.

Inicialmente, un grupo de integrantes del Congreso de los Pueblos arribó al Ministerio del Interior desde las primeras horas de la mañana para realizar un platón y manifestarle al Gobierno de Gustavo Petro su descontento con la crisis humanitaria de los territorios.

Las personas que estaban manifestándose, entre indígenas y líderes sociales, convocaron a una “movilización nacional por la vida y la permanencia de los territorios” para visibilizar los reclamos que le están haciendo al Estado colombiano ante lo que ellos consideran es una “emergencia humanitaria nacional”.

Pero horas después, los indígenas también se tomaron la entrada de la Nunciatura Apostólica en la localidad de Teusaquillo.

En un comunicado divulgado en redes sociales, el ‘Congreso de los Pueblos’ explicó el porqué de la movilización este martes en Bogotá.

“Comunidades campesinas, pueblos afro e indígenas, trabajadores, mujeres, jóvenes, estudiantes, sectores populares urbanos, defensores de DD. HH., ambientalistas, entre otros, nos movilizamos haciendo presencia en varias carreteras y centros urbanos del país, con el objetivo de denunciar la arremetida genocida paramilitar en los territorios en desarrollo de la estrategia contrainsurgente y anti popular, y la doctrina de seguridad nacional que concibe como enemigos internos a los movimientos populares y a la oposición política al régimen”, aseguraron.

De acuerdo con los indígenas, “tal situación, constituye una amenaza estratégica contra el movimiento social y popular, particularmente contra nuestro movimiento social y político Congreso de los Pueblos, razón por la cual nos hemos declarado en Emergencia Humanitaria desde abril del 2019″.

Advierten que ejercerán “el derecho constitucional a la movilización y la protesta social para ser escuchados y exponer ante el Gobierno”, su pliego de peticiones.

Lo primero que solicitan los integrantes del ‘Congreso de los Pueblos’, es un “cambio de la doctrina de seguridad nacional”.

“Proscribir la doctrina de seguridad nacional, basada en el enemigo interno, por una doctrina en la que prime el respeto por los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y el enfoque de género. Entre otras cosas, la nueva doctrina militar debe romper con la subordinación a la política de seguridad nacional de los EE. UU. y las potencias europeas, y renunciar a la calidad de socio global de la OTAN”, aseguran en el comunicado.

Otra de las peticiones, según los indígenas, es “el desmonte del paramilitarismo”.

“Para el desmonte de toda forma de paramilitarismo es necesario implementar una serie de acciones concurrentes, coordinadas y ejecutadas con voluntad y decisión política gubernamental. Debe explicitar que el paramilitarismo ha sido y es una política de la oligarquía agenciada por el Estado colombiano”, afirman.

Para ello, los indígenas piden:

“a) Reconocimiento público por parte del Gobierno de la existencia de una estrategia paramilitar nacional a nivel rural y urbano, orientada a desarrollar un proceso genocida contra el movimiento popular.

b) Suspensión inmediata de toda pretensión de reconocimiento político como tercer actor de las estructuras paramilitares que pretenden diálogos regionales, socio jurídicos o políticos.

e) Desestructurar el componente económico del paramilitarismo.

f) El presidente de la República debe expedir una orden ministerial que permita desclasificar los archivos de inteligencia de los últimos 50 años, cuya publicación permita identificar a funcionarios, entidades del estado, organismos de inteligencia, militares, políticos y empresarios comprometidos en la conformación, financiación, instrucción y apoyo al paramilitarismo.

g) Acatamiento inmediato de todas las recomendaciones y sentencias de las tres últimas décadas, proferidas por organismos internacionales de derechos humanos contra el Estado colombiano. En especial, aquellas relacionadas con la superación de la impunidad de los crímenes de Estado.

h) El presidente de la República debe dirigir de forma inmediata una comunicación al Fiscal de la Corte Penal Internacional para que reabra el examen preliminar sobre la situación de Colombia.

i) Acatamiento por parte del Estado colombiano de la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, en su sesión 49, del 17 de junio de 2021″.

Los indígenas también piden “mecanismos urgentes de protección y autoprotección para la defensa de la vida y la permanencia en los territorios”, un “plan nacional de fortalecimiento del Congreso de los Pueblos”, una “mesa permanente de interlocución y negociación Nacional”, entre otras peticiones.